La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha remitido una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para exigir una intervención inmediata que garantice la calidad del servicio en la torre de control del Aeropuerto de Fuerteventura. La petición llega tras la denuncia pública de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), que ha solicitado la suspensión cautelar de la concesión actual a la empresa privada SAERCO y el retorno de la gestión a la empresa pública ENAIRE.
La torre de control de Fuerteventura es una de las que fue privatizada por el Gobierno de España, una decisión que en su momento generó la oposición del propio Cabildo y otras instituciones locales y regionales, por el temor a un posible deterioro del servicio. Esos temores, según indica ahora el sindicato USCA, se estarían materializando: advierten de que las condiciones laborales de los controladores han sufrido un deterioro significativo debido a los problemas financieros de SAERCO, reconocidos incluso en sede judicial.
En Canarias, SAERCO tiene adjudicado el servicio de control aéreo en los aeropuertos de Fuerteventura, La Palma y Lanzarote.
“En Fuerteventura, y estoy segura de que en el resto de islas afectadas, seguimos con mucha preocupación estas noticias, porque nuestra economía y, en general, nuestra forma de vida, depende directamente del buen funcionamiento del aeropuerto, comenzando por su torre de control”, manifestó Lola García.
Desde el Cabildo insisten en que no basta con una solución temporal. La presidenta majorera subraya la necesidad de revertir el modelo privatizado de forma definitiva: “Una revisión profunda de las condiciones en las que se desarrolla esta concesión para garantizar la seguridad, y hacer lo necesario para recuperar su funcionamiento como servicio básico y público. No sólo de forma transitoria, como plantea USCA, sino una recuperación definitiva. Exactamente en las mismas condiciones que el resto de aeropuertos españoles con torres de control no privatizadas”, reclamó.
Lola García también recordó que, desde el primer momento, las instituciones majoreras se opusieron a la privatización de servicios esenciales como la torre de control, entendiendo que comprometerían no solo la seguridad, sino también la autonomía y el desarrollo económico del Archipiélago.
