El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Políticas Sociales, destina un total de 130.000 euros a apoyar diferentes acciones de Cruz Roja en la Isla. Esto supone un incremento de 20.000 euros más, con respecto a convenios anteriores.
El acuerdo fue suscrito entre el consejero del área, Adargoma Hernández, y Lianne Martín en representación de Cruz Roja en Fuerteventura, apoyándose programas dirigidos al fomento del voluntariado, la ayuda a domicilio para personas mayores, promoción del éxito escolar y orientación sociolaboral.
El presidente del insular, Sergio Lloret, destaca la necesidad de destinar recursos públicos a fines sociales, trasladando el compromiso firme de la institución en mantener esta línea de colaboración.
Según Hernández, “desde las instituciones es importante reforzar el tejido asociativo de la Isla, apoyando acciones que repercuten positivamente en la ciudadanía”.
Con esta ayuda, el Cabildo apoya la incorporación, formación y participación del voluntariado en proyectos con las personas más vulnerables. Desde Cruz Roja en Fuerteventura se destaca la importancia de la participación social, como muestra del deseo de la ciudadanía de realizar cambios sociales y contribuir al bienestar general.
Asimismo, se apoyan programas para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores en su proceso de envejecimiento. Unas acciones de ayuda con las que Cruz Roja Fuerteventura persigue alcanzar a 140 personas mayores de 65 años con dificultades para la realización de actividades básicas de la vida diaria.
Otro de los programas se centra en favorecer el éxito escolar de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social y que presenten dificultades en el proceso de aprendizaje. Se apoyan, además, iniciativas para mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de itinerarios integrados y personalizados. El mercado de trabajo ha sufrido una serie de cambios profundos en los últimos años, debido al contexto de crisis socioeconómica y sanitaria, afectando especialmente a las personas que no han podido adaptarse a las nuevas exigencias y han quedado apartadas del mercado laboral. Por ello, se prevé llegar a las 120 personas beneficiarias que se incluyan en estos perfiles.
