El Ayuntamiento de Antigua ha concluido el proceso de respuesta a más de 500 consultas ciudadanas sobre el proyecto de instalación de una antena de telecomunicaciones de más de 30 metros, cuya ubicación próxima a viviendas ha generado un amplio rechazo social en el municipio.
La Oficina Técnica municipal, que había interrumpido su actividad habitual durante las últimas dos semanas, ha finalizado el envío de respuestas personalizadas —por vía postal y electrónica— a las solicitudes, el 95% de ellas presentadas de forma particular. El personal técnico revisó exhaustivamente el expediente completo del proyecto, aplicando criterios de protección de datos para facilitar su acceso conforme a la ley.
El alcalde Matías Peña ha valorado el esfuerzo de los trabajadores del área técnica y ha reiterado que el Ayuntamiento no está conforme con el emplazamiento elegido por la empresa, a pesar de que esta se encuentra amparada legalmente. Se ofrecieron ubicaciones alternativas, que fueron rechazadas por la promotora.
Peña también comparte el rechazo vecinal y lamenta que algunas partes interesadas intenten politizar lo que considera una protesta ciudadana legítima. Además, ha declarado que delegará su firma a cualquier concejal que considere jurídicamente viable la paralización del proyecto.
La situación ha desencadenado una respuesta organizada por parte del vecindario, que ha convocado una manifestación para el sábado 23 de agosto. La protesta comenzará a las 10:30 horas en el Camino de Las Piletas, donde se leerá un manifiesto, y recorrerá varias calles del pueblo antes de regresar a la Plaza del Queso, donde se hará una segunda lectura pública.
El recorrido incluirá:
C/ Batista Évora, C/ San José, C/ Marcos Trujillo (en sentido contrario), Avda Príncipe de España, Fv-20 (cruce), C/ Sánchez Évora, C/ La Paloma, C/ Tenerife, C/ Rey Juan Carlos, Peatonal La Orilla, C/ El Deporte, y nuevamente C/ Sánchez Évora.
Con el expediente disponible y la Oficina Técnica ya operando con normalidad, el Ayuntamiento insiste en su voluntad de encontrar una solución consensuada que garantice la cobertura tecnológica sin poner en riesgo la convivencia ni el entorno urbano.
