El arquitecto Luis del Pozo anunció este lunes, en Radio Insular, que presentará un recurso contencioso administrativo contra el convenio urbanístico aprobado recientemente por el Ayuntamiento de Antigua que permite al Ejecutivo regional recalificar una parcela de 370.000 metros cuadrados de suelo urbanizable programado en la zona turística de Caleta de Fuste.
El terreno fue incluido con “calzador”, explicó, en el segundo Plan de Mejora, Modernización e Incremento de la Competitividad Turística que lleva más de seis años de tramitación por las reticencias técnicas que presenta este suelo. “Si este sector 2 no hubiera sido incluido en el Plan de Mejora, llevaría años que estaría aprobado”, aseguró del Pozo.
Y es que este tipo de planes diseñados para incrementar la competitividad de la industria turística están dirigidos a la renovación de las instalaciones turísticas y complementarias, “pero en este caso el suelo está sin urbanizar por lo que no hay nada que renovar y no tiene encaje en el Plan. La clave está en la palabra renovación”, subrayó.
La oposición también votan a favor del acuerdo
Es el principal argumento en el que el arquitecto basará el recurso contencioso administrativo que presentará contra el convenio urbanístico rubricado entre el Ayuntamiento y el titular del suelo y que fue aprobado por el equipo de gobierno, salvo la titular de Urbanismo que se encontraba ausente, y con el apoyo de los partidos de la oposición: PP y Podemos. Además el arquitecto denunció el lenguaje «agresivo y despectivo» utilizado por el edil popular Gustavo Berriel contra los ecologistas. Asegura que utilizó términos «arcaicos y retrógrados», llegando a cuestionar y poner en tela de juicio el «carácter» del concejal.
Con este recurso se solicitará la suspensión del acuerdo. Un acuerdo ante el que el arquitecto interpuso un recurso de revisión de oficio que fue desestimado por el Ayuntamiento “de una forma sui generis, con un informe de la secretaria sin previo informe técnico”, explicó.
A la espera de que se presente el contencioso en un plazo inferior a dos meses, en estos momentos el expediente está todavía pendiente de un informe de costas sobre el suelo. “Si el ayuntamiento hubiera desestimado el convenio, no se hubiera podido dar luz verde a su recalificación, se hubiera desvinculado el sector 2 del trámite y hubiera seguido el Plan”.
Sin embargo, insistió, la decisión adoptada por la corporación local ralentiza el procedimiento “y es urgentísimo que se renueven las instalaciones comerciales y turísticas en el Castillo, es fundamental, tendría que haber estado hecho hace años”, recalcó.
Del Pozo denunció que no se puede seguir intentando negociar en los despachos los temas urbanísticos importantes; “es lo que ha producido el desmadre urbanístico que tenemos en este momento”, lamentó, y que se debe, a su juicio “a la ignorancia de una parte importante de los inversores, que piensan que la intervención de la ciudadanía empobrece el proyecto y es todo lo contrario”, concluyó.