El Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario incorporará en los próximos días a dos nuevos magistrados, una medida que permitirá reforzar de forma directa el funcionamiento del órgano judicial y avanzar hacia una mayor celeridad en la tramitación de los procedimientos. Se trata de Josefa García Martín y Javier Fraga Mandián, que cubrirán plazas ya existentes en las secciones Civil e Instrucción, respectivamente.
Ambos magistrados tomaron posesión de sus cargos el pasado 28 de enero, durante un acto celebrado en la Sala de Audiencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, junto a otros dos jueces destinados a Canarias pertenecientes a la 23ª Promoción de aspirantes aprobados por la modalidad de concurso, integrada por juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional. El acto estuvo presidido por el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, ante la Sala de Gobierno del alto tribunal.
En concreto, Josefa García Martín ocupará la plaza número 4 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario, mientras que Javier Fraga Mandián asumirá la plaza número 3 de la Sección de Instrucción, correspondiente al antiguo Juzgado Mixto número 5. Se trata de dos jurisdicciones especialmente sensibles por el elevado volumen de asuntos que gestionan y por su impacto directo en la ciudadanía.
Más allá de los nombres, la importancia de estas incorporaciones reside en su potencial efecto sobre la agilidad del sistema judicial en Fuerteventura. La cobertura efectiva de plazas estructurales permite redistribuir cargas de trabajo, reducir retrasos acumulados y mejorar los tiempos de señalamiento, especialmente en procedimientos civiles —como reclamaciones económicas, asuntos de familia o ejecuciones— y en diligencias penales en fase de instrucción.
El refuerzo llega en un momento clave para la Justicia en la isla, marcada en los últimos años por una elevada presión sobre los juzgados y por la transición al nuevo modelo de Tribunal de Instancia, diseñado para sustituir progresivamente a los juzgados mixtos y optimizar los recursos humanos y materiales. En este contexto, Puerto del Rosario, como capital administrativa y judicial de Fuerteventura, desempeña un papel central en la atención de los procedimientos que afectan a todo el territorio insular.
