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Cofete más cerca de la legalidad: el Gobierno acelera su delimitación jurídica

El Gobierno de Canarias ha dado un paso clave para dotar de seguridad jurídica a los vecinos de Cofete. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la remisión al Consejo Consultivo del anteproyecto de ley que delimita gráficamente este histórico asentamiento rural, hasta la aprobación definitiva del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía.

Redacción Radio Insular

Redacción Radio Insular

24 de febrero de 2025 a las 14:34

Foto: Maurizio Bertuccelli

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La medida responde a la demanda de las familias de Cofete, cuya situación quedó en un limbo legal tras la anulación del anterior Plan Rector por el Tribunal Supremo en 2013. Según explicó el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, la intención es que este texto legislativo se tramite en el Parlamento de Canarias mediante una ley de lectura única, lo que permitirá acelerar su entrada en vigor.

La normativa establece la delimitación del núcleo de Cofete basándose en la situación existente en 1994, cuando el entorno fue declarado Espacio Natural Protegido. Para ello, se han utilizado cartografía y ortofotos de la época, con el objetivo de garantizar la compatibilidad de las edificaciones preexistentes. En este sentido, la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial ya reconoció Cofete como asentamiento rural preexistente, aunque su regularización quedó pendiente, a diferencia del Puerto de la Cruz, que sí fue delimitado en su momento.

El nuevo marco normativo ha sido consensuado con el Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de Pájara y los propietarios de las viviendas. Su objetivo es equilibrar la protección del entorno con los derechos de los residentes. Tras el informe del Consejo Consultivo, previsto en un plazo máximo de treinta días, el Parlamento de Canarias asumirá su tramitación en lectura única, una vía legislativa que acorta los plazos al permitir la votación directa en el Pleno sin necesidad de debates en ponencia ni comisión.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo canario busca dar respuesta a una problemática que afecta a uno de los enclaves más singulares de Fuerteventura, garantizando la permanencia de un asentamiento con más de dos siglos de historia en un entorno protegido.

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