Mario Cabrera reclama “que el criterio médico no se vea condicionado por la mala administración de los gestores políticos”
La Gerencia del Área de Salud de Fuerteventura ha dado instrucciones a todos los especialistas médicos para que a partir de ahora limiten el número de las solicitudes de realización de resonancias magnéticas a los pacientes majoreros.
Actualmente puede haber alrededor de 1.500 solicitudes sin realizarse, de ellas unas 1.000 sólo de 2021. “En vez de ampliar recursos técnicos o personales, han optado por la vía del recorte y el aumento de la carga burocrática. Con el grave riesgo añadido de que además imponen su criterio de gestores políticos a los profesionales de la medicina, diciéndoles qué prueba pueden encargar y cuál no”, indica el diputado de Coalición Canaria por Fuerteventura, Mario Cabrera.
Explica que “el consejero de Sanidad tiene que reaccionar ya y parar esto: que el criterio médico no se vea condicionado por la mala administración de los gestores políticos. No puede ser que un paciente en Fuerteventura no pueda acceder a una prueba que hasta ahora se hacía con normalidad, simplemente porque un responsable político considera que hay que ahorrar. Este tipo de limitaciones no se están aplicando en otros hospitales insulares”.
Entre las consecuencias de estos recortes comunicados a la plantilla médica desde la pasada semana, se incluye que a partir de ahora la realización de resonancias magnéticas bajo sedación se limitará sólo a casos muy concretos (por razones de edad o cuando el paciente no pueda colaborar en la prueba). Todos los demás casos en los que hasta ahora se aplicaba serán descartados y se optará por citar al paciente sin sedación. Incluso, aunque el criterio médico diga lo contrario.
Las restricciones impuestas desde la Gerencia llegan también a los estudios en que por falta de disponibilidad técnica en el Área de Salud majorera. Hasta ahora los pacientes eran remitidos a otras islas (por ejemplo, resonancias abiertas y la prostática espectroscópica).
A partir de ahora y “por imperativo de la Dirección del Área de Salud”, cada especialista no tendrá que tramitar solo la solicitud del tratamiento (como venía ocurriendo con normalidad), sino que además tendrá que realizar un informe complementario específico motivando su decisión médica, para que los gestores políticos de Sanidad decidan.
