Más de 2.000 entregas de Correos sin realizar se acumulan en las oficinas de la isla. Los trabajadores piden paciencia a la ciudadanía porque “nos estamos dejando la piel, pero no podemos más”. Desde CCOO se reivindica también el restablecimiento del SEMAC, paralizado desde febrero a la espera de que se incorpore un funcionario.
La situación es insostenible, según denuncia Carlos González, representante sindical de Correos por Comisiones Obreras. “Solo Puerto del Rosario podrá tener 600, 700 envíos sin entregar. En toda la isla podríamos hablar en torno entre 1.000 y 2.000 envíos registrados tranquilamente”, asegura.
La causa es la falta de contratación, como también recalcó Gabriel Rodríguez, secretario general de CCOO en Fuerteventura, en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular.
“La empresa ha dejado de cubrir bajas, vacaciones y ausencias con personal suficiente. Hay unidades como Puerto del Rosario con siete carteros menos. Y los pocos que hay deben asumir barrios ajenos, con una sobrecarga brutal”, lamenta González. “El cartero no está rindiendo menos, simplemente no puede con todo”, evidenció.
Aunque los focos están puestos en Puerto del Rosario y Morro Jable, la situación se extiende por toda la isla. En Corralejo faltan entre dos y tres trabajadores; en Gran Tarajal, uno solo cubre lo que antes hacían dos; en Costa Calma y Morro Jable también trabajan por debajo de la plantilla mínima.
Como consecuencia, la ciudadanía sufre importantes retrasos en la entrega de documentos urgentes como citaciones judiciales, resultados médicos o certificados. “Hay personas que están perdiendo citas médicas, notificaciones judiciales, porque no les llega el correo a tiempo”, alertó Rodríguez.
Los parches no bastan
Cada vez que los sindicatos denuncian públicamente la situación, Correos responde con algunas contrataciones temporales. Pero González insiste en que “no se puede vivir de parches”.
Confían en que, con una inyección de 250 millones de euros al Servicio Postal Universal —gracias a la modificación de la actual Ley Postal, aprobada ayer martes—, se refuerce este servicio público. Además, el Estado destina otros 150 millones de euros a la Ventanilla Única, que permitirá registrar y enviar documentos digitalizados a las administraciones públicas desde las oficinas de Correos.
«La empresa ha dejado de cubrir bajas, vacaciones y ausencias con personal suficiente. Hay unidades como Puerto del Rosario con siete carteros menos. Y los pocos que hay deben asumir barrios ajenos, con una sobrecarga brutal. El cartero no está rindiendo menos, simplemente no puede con todo.»
Son medidas conducentes a mejorar el servicio de Correos y que, en principio, alejan la idea de que se pueda privatizar. Una posibilidad que, en Fuerteventura, los trabajadores temen desde hace años y que, incluso ahora, no descartan.
Por eso, advierten de posibles movilizaciones porque “Correos es un servicio 100% público y debe seguir siéndolo, subrayan.
Con la privatización el servicio en zonas rurales sería poco rentable y recordaron que, en Fuerteventura, “el 80% del reparto de Correos es un servicio rural”.
El SEMAC, otro derecho paralizado
Además de los problemas en Correos, desde CCOO también se denuncia la paralización del SEMAC, el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, fundamental en los procesos previos a las demandas laborales.
“Desde febrero no hay funcionarios. Literalmente, no existe”, denuncia Rodríguez. “Esto vulnera los derechos de todos los trabajadores. Muchos terminan renunciando a denunciar despidos improcedentes porque no pueden permitirse pagar un abogado privado ni afrontar un juicio”.
Cada día, CCOO atiende entre dos y tres trabajadores afectados. “Introducen la papeleta en el SEMAC y caduca o hay que ir directamente a juicio”, lamenta. Muchos desisten: “La reclamación no compensa el gasto. Estamos hablando de 500, 1.000 euros en algunos casos”, añade.
Aunque el Gobierno de Canarias prometió la llegada de funcionarios para el 1 de junio, ya es 23 de julio y “no han llegado. El silencio es absoluto. Esto no es una cuestión sindical, afecta a toda la ciudadanía”, concluyen desde Comisiones Obreras.
