El Parlamento de Canarias ha aprobado la Ley Canaria de Protección del Arbolado Urbano, una normativa pionera que establece por primera vez un marco legal específico para la conservación, gestión y protección del patrimonio arbóreo en los entornos urbanos del Archipiélago. La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Natalia Évora Soto, destacó durante el debate parlamentario que esta ley “dota a Canarias de un marco normativo que garantiza un patrimonio arbóreo más diverso, en buen estado, protegido, seguro y resiliente” .
Évora subrayó que el objetivo central de la propuesta es fomentar una cultura de respeto y valoración del arbolado urbano, incorporando herramientas prácticas para quienes deben aplicarla, especialmente los ayuntamientos, responsables directos de su ejecución. “No todos los municipios cuentan con los mismos recursos ni con el mismo personal técnico”, recordó la diputada, motivo por el cual la ley ha sido diseñada para ser realista, operativa y sencilla, evitando incrementos innecesarios de carga administrativa .
Claridad en las competencias y gestión del arbolado
El nuevo texto diferencia entre personal cualificado —con experiencia o formación acreditada en la materia— y personal técnico competente, formado por profesionales titulados cuyas atribuciones están reguladas por ley. Esta distinción, según explicó Évora, busca evitar controversias y asegurar una aplicación correcta y equilibrada de la norma.
Asimismo, la ley diferencia de forma clara entre tala y poda. La tala, al implicar la eliminación total de un árbol, requerirá siempre un informe previo de un técnico competente. La poda, en cambio, considerada una práctica habitual y de menor impacto, podrá ser evaluada o autorizada por personal cualificado, agilizando así la gestión diaria de parques y jardines municipales .
Inventarios municipales y régimen sancionador
Los ayuntamientos deberán adaptar tanto el Inventario Municipal del Arbolado como el régimen sancionador a las características de sus territorios. La finalidad, según el texto aprobado, es evitar que una regulación excesivamente compleja genere el efecto contrario al buscado: un rechazo social hacia la presencia o gestión de los árboles en espacios urbanos .
Una norma con respaldo social y visión de futuro
Évora puso en valor el “fuerte respaldo social” que acompaña esta ley, que aspira a mejorar la calidad de vida en ciudades y pueblos preservando un patrimonio natural que pertenece a toda la ciudadanía. Con este paso, Canarias se alinea con las estrategias de adaptación climática, renaturalización urbana y mejora del bienestar social a través de la infraestructura verde .
El Parlamento de Canarias ha aprobado una legislación pionera para la protección de los árboles en áreas urbanas. La nueva ley establece un marco legal para la gestión y conservación del patrimonio arbóreo en los entornos urbanos de las islas, con el objetivo de fomentar una cultura de respeto y valoración de los árboles. La normativa también establece directrices claras para la poda y la tala, al tiempo que agiliza la gestión diaria de parques y jardines municipales.