Once comunidades autónomas redujeron el pasado año el gasto para la atención a personas en situación de dependencia respecto al ejercicio anterior, sobre todo Cataluña (con 55,1 millones de euros menos) y Canarias (43,6 millones menos).
Dos comunidades en las que, además, murieron 12.611 y 3.202 personas, respectivamente, que estaban en lista de espera para acceder a las prestaciones de la dependencia.
Así lo asegura el último informe del Observatorio de la Dependencia hecho público este martes por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
Junto a Cataluña y Canarias, las otras nueve comunidades en las que descendió el gasto dedicado a la dependencia fueron Castilla y León, La Rioja, Galicia, Aragón, Navarra, Murcia, Extremadura, País Vasco y Castilla-La Mancha.
La inversión pública en atención a la dependencia ascendió en 2021, según el informe, a 9.559 millones de euros, de los que un 79,2 por ciento lo aportaron las autonomías (7.566 millones), con un aumento del 0,57% respecto al año anterior.
Mientras, la aportación estatal fue del 20,8%, es decir, 1.992 millones de euros, con un alza del 44% respecto a 2020.
“Otro elemento crucial que no hay que perder de vista es el de la acusada desigualdad territorial”, subraya este colectivo, que recuerda que las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.310 euros, Extremadura (1.774) y Navarra (1.500), mientras a la cola se encuentran Canarias (543) y Galicia (596). EFE
