Canarias se mantuvo a la cabeza del país en rupturas matrimoniales en primavera, cuando entre abril y junio el archipiélago registró un media de 63 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa nacional fue de 50, según ha informado este lunes el Consejo General del Poder Judicial.
Según el informe difundido hoy, entre abril y junio de 2023 los juzgados civiles del Archipiélago computaron un total de 1.402 demandas de separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales, un 4% menos que en el mismo periodo de 2022 (1.461).
No obstante, el dato implica una tasa de 63,4 rupturas de matrimonio por cada 100.000 habitantes, la más alta de España en el periodo de referencia.
La segunda fue la de la comunidad de Baleares (59,9), y la tercera, la de la Valencia (57,5).
La media nacional fue de 50,8 rupturas matrimoniales por cada 100.000 habitantes, es decir, 12,6 puntos por debajo de la media canaria.
La comunidad con la tasa más baja fue el Principado de Asturias (36,4).
En lo que se refiere al ámbito estatal, el número total de demandas de disoluciones matrimoniales se ha mantenido en cifras muy similares a las de mismo trimestre del año anterior al haber aumentado apenas un 0,1 por ciento.
En el periodo analizado, sólo las demandas de separaciones no consensuadas, que fueron 249, presentaron una importante disminución, del 17,3 por ciento, respecto a los meses de abril, mayo y junio de 2022.
Las separaciones consensuadas, que fueron 665, aumentaron un 3,4 por ciento; los divorcios no consensuados, que sumaron 9.269, se incrementaron un 1,7 por ciento; y los divorcios de mutuo acuerdo, que en total fueron 14.208, disminuyeron un 0,7 por ciento.
El número de demandas de nulidad en el segundo trimestre de 2023 fueron 13, lo que ha supuesto un descenso del 13,3 % respecto de las presentadas un año antes.
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2023 se confirma que el mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 63,4.
Le siguieron Baleares, con 59,9; la Comunidad Valenciana, con 57,5; Galicia, con 56,2; Cataluña, con 54,2; Aragón, con 53,9; La Rioja, con 53,4; Castilla-La Mancha, con 52,9; y Navarra, con 51,3, territorios en los que en todos los casos se superó la media nacional, que fue de 50,8.
Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en Asturias, con 36,4; Cantabria, con 41,8; Castilla y León, con 42,5, y País Vasco, con 43,8.
Las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuadas como no consensuadas, mostraron interanuales.
Las demandas consensuadas, que fueron 6.202, aumentaron un 4,8 % respecto a las que se registraron en el segundo trimestre de 2022 y las no consensuadas, en total 7.151, se incrementaron en un 5,9 por ciento.
Las modificaciones de medidas consensuadas, 3.332, disminuyeron un 1,9 % mientras que las no consensuadas, que sumaron 8.271, se redujeron en un 2,7 por ciento. EFE
