Blas Acosta confirma que volverá a presentarse a la presidencia del Cabildo

Para Acosta está claro que el objetivo “no es otro que el que no debería estar en la Isla” y puso por ejemplo las dificultades que ha encontrado a su paso para ser nombrado Senador por Canarias o, incluso, acceder al cargo que ostenta en el Ejecutivo regional como viceconsejero de Hacienda y Finanzas.

En la misma línea, Acosta valoró la situación generada en el Cabildo majorero tras el cese de la exconsejera de Ordenación del Territorio, Sandra Domínguez, y sus acusaciones sobre presuntas irregularidades relacionadas con el procedimiento del PIOF. Ahora “se están viendo los motivos reales del cambio de gobierno en la Isla de Fuerteventura”, apuntó.

Mientras once consejeros “trabajábamos por la Isla de Fuerteventura había alguien que estaba esperando la posibilidad de buscar socios nuevos con PP y CC, con otros intereses que deben aclarar”, aseveró.

Para Acosta, lo que queda claro es que “a Coalición Canaria le importaba un pepino el que se resolvieran los problemas de la Isla de Fuerteventura y a cualquier precio. Lo único que importaba tanto a Sergio Lloret como a Mario Cabrera es el PIOF”.

“A uno le importa que no crezca Fuerteventura, no le interesa nada de crecimiento de desarrollo; y al otro, le interesa participar en proyectos que luego nunca se hacen” como el caso del planeamiento de Tuineje, que lleva años, y que ahora hay que volver a comenzar, recalcó.

¿Por qué abonar 1,3 millones a Gesplan?

Tras explicar la gestión realizada en los últimos años para culminar el PIOF -que cuenta con el informe favorable del redactor de la Ley del Suelo, Francisco Villar, reconociendo que el documento redactado en la anterior legislatura se ajustaba a la nueva norma-, el pasado 30 de junio, recordó, el Pleno de la corporación “tomó conocimiento del informe y de los plazos para seguir adelante con el documento”.

Plazos que estimaron que en diciembre comenzaría el procedimiento de consultas jurídicas y de administraciones públicas que todavía a fecha de hoy está pendiente.

Tras las declaraciones de Domínguez y llegados a este punto, la pregunta ahora es, apuntó, “¿va a encargar el gobierno de la Isla la redacción a Gesplan por 1,3 millones de euros cuando está el documento terminado? Y sí es así, ¿por qué cuesta 1,3 millones de euros la parte de este documento teniendo profesionales en la casa”. Esto es lo que se debe responder por parte de CC y PP, añadió.

Ayudas para más empresas

Blas Acosta también dio cuenta de su labor al frente de la Viceconsejería de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Canarias pendiente de firmar con el Estado una transferencia de 1.140 millones de euros para ayudar a las empresas del Archipiélago.

Precisamente este miércoles se publica en el BOE, anunció, “la ampliación de CNAEs o de CIFs para que se pueda llegar al mayor número de empresas de Canarias”.

Mientras tanto, el Ejecutivo trabaja en atender a las más de 17.000 solicitudes presentadas por pymes y autónomos de las Islas que participan en la convocatoria de ayudas lanzada por la Consejería, gestionada a través de las Cámaras de Comercio de las Islas.

Entidades de derecho público “que nunca antes se habían utilizado y que ahora hay que engrasar” porque, reconoció, están jugando un papel vital a la hora de facilitar y asesorar en los procedimientos para inyectar el dinero al sector empresarial.

Acosta aseguró que “todas las empresas que tengan derecho a la ayuda, la van a recibir”.

“Jamás he cometido administración desleal en Gesturpa”

Blas Acosta no escondió su cansancio tras ser cuestionado sobre el procedimiento del caso Gesturpa y destacó estar pendiente de que la Audiencia responda a su recurso contra la solicitud de abrir juicio oral. Apeló a su derecho, como cualquier ciudadano, ante los procedimientos administrativos y reconoció estar molesto por las filtraciones de informaciones producidas a los medios de comunicación antes incluso de haber recibido notificación.

Si hubiera juicio, que se desarrolle “con luz y taquígrafos…jamás se ha utilizado por mi parte o por parte de ninguno de los administradores de las empresas públicas del Ayuntamiento de Pájara ni un céntimo de euro que no fuera para lo que realmente teníamos que hacer”, concluyó.