Ayuso elevará al Constitucional el decreto que obliga a acoger a menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado este miércoles que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la reciente modificación de la ley de extranjería. La medida, acordada entre el Ejecutivo central y Junts, establece nuevos criterios para la redistribución de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas.
Redacción Radio Insular
26 de marzo de 2025 a las 13:17
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha encomendado a la Abogacía General que recurra el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo. La norma prevé la reubicación de 4.400 menores migrantes llegados a Canarias y Ceuta, asignando a Cataluña únicamente una treintena de estos jóvenes.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, ha sido tajante: “La Comunidad de Madrid no va a seguir tolerando este reparto discrecional acordado con Junts, que tiene el único propósito de conseguir los siete votos para mantenerse en la Moncloa”.
Según el informe jurídico elaborado por la Abogacía General, el decreto es inconstitucional, ya que vulnera diversos artículos de la Constitución de 1978, al invadir competencias que, de manera exclusiva, corresponden a las comunidades autónomas. En particular, recuerda que la acogida inicial de un menor migrante forma parte de las competencias estatutarias en materia de protección y tutela de menores.
El texto también subraya que el decreto “es contrario al principio de solidaridad y lealtad entre administraciones”, al haberse aprobado sin consenso con las comunidades y sin justificación clara en cuanto a los criterios de reparto. Además, critica que la medida se haya adoptado mediante Real Decreto ley, a pesar de que afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos y no cumple con los requisitos de “extraordinaria y urgente necesidad” que exige esta figura legal.
Desde el Ejecutivo madrileño también se cuestiona que la norma no venga acompañada de una financiación adecuada. “Se vulnera el principio de autonomía financiera de las regiones”, señalan, advirtiendo que no se han previsto los recursos necesarios para garantizar una atención adecuada a los menores desplazados. Además, denuncian que el sistema de cuotas impone traslados arbitrarios sin priorizar las garantías de asistencia.
Finalmente, el Gobierno regional recuerda que Madrid ha atendido desde 2019 a un total de 10.618 menores extranjeros no acompañados, de los cuales 937 han sido atendidos ya en lo que va de 2025.