La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) ha solicitado al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Turismo que detengan la confrontación generada por el Anteproyecto de Ley de Uso Turístico Sostenible de Vivienda, para consensuar un nuevo texto con todos los actores implicados. Según ASCAV, el actual contexto de crispación social en torno al turismo en Canarias puede tener consecuencias muy graves, no solo para el sector turístico, sino también para la economía local y la convivencia social.
En las últimas semanas, miles de personas se han manifestado en las calles de Canarias para expresar su hartazgo con la situación actual. ASCAV advierte que estas protestas pueden repetirse y generar una imagen internacional negativa de las islas como un destino turístico hostil, afectando gravemente a la temporada alta que se avecina.
“Hemos salido en todos los medios europeos como un destino anti-turismo y hemos visto cómo se increpa a turistas en nuestras calles. Las cancelaciones en alojamientos vacacionales no se han hecho esperar, y a partir del 20 de octubre estas imágenes se intensificarán si no se actúa con urgencia”, afirmó Doris Borrego, representante de ASCAV.
La asociación asegura que el Anteproyecto de Ley culpa exclusivamente a la vivienda vacacional de problemas como la gentrificación y la turismofobia, obviando otros factores como la falta de previsión en la construcción de vivienda social, la concentración de activos inmobiliarios en manos de bancos o la inacción frente a las necesidades habitacionales de la población local.
“La emergencia habitacional no se resuelve culpabilizando a las viviendas vacacionales. Muchas de estas propiedades pertenecen a residentes canarios que buscan una alternativa de ingresos. El verdadero problema radica en la falta de políticas de vivienda adecuadas y en la inacción del Gobierno para garantizar alquileres asequibles”, señaló Borrego.
ASCAV también critica la respuesta del Gobierno a las demandas del sector, como la inversión de siete millones de euros en iniciativas que solo han logrado poner en alquiler una vivienda, mientras se sigue sin habilitar suelo suficiente para la construcción de viviendas sociales. En lugar de tomar medidas urgentes para aliviar la presión sobre los residentes, el Gobierno parece estar más interesado en responder a las demandas de los grandes inversores hoteleros.
El impacto económico de la vivienda vacacional en Canarias no es insignificante. Según los datos de ASCAV, este sector genera un impacto de 2.700 millones de euros anuales, que benefician directamente a la economía local, y da empleo a más de 40.000 personas. “¿Realmente vamos a darle la espalda a este sector y condenar a miles de canarios al paro?”, cuestionó Borrego.
La asociación concluye que el camino hacia la sostenibilidad turística no pasa por destruir un modelo de alojamiento que ha contribuido a la preservación del patrimonio en las medianías canarias, sino por integrar soluciones que favorezcan tanto a los residentes como a los turistas.
