La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1312/2024, que establece el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital para la gestión de datos sobre alquileres de corta duración. ASCAV considera que esta normativa vulnera el Reglamento 2024/1028 de la Unión Europea y la Constitución Española.
El decreto obliga a que todas las viviendas turísticas, así como otros alojamientos de corta duración, sean registradas en un sistema centralizado gestionado por el Ministerio de Vivienda a través de los registros de la propiedad. Según ASCAV, esta medida impone una duplicidad de registros que contraviene el artículo 4.3 d del reglamento europeo, dado que las viviendas turísticas ya están inscritas en registros autonómicos.
Además, ASCAV sostiene que la norma invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de regulación turística, delegando funciones de verificación a los registradores de la propiedad, dependientes del Ministerio de Justicia. Según la asociación, esto representa una vulneración del artículo 148.1.18ª de la Constitución Española.
Impacto económico y denuncia ante Europa
ASCAV advierte que el decreto tendrá un impacto negativo en el sector de alquiler vacacional, afectando miles de empleos y la economía directa e indirecta que genera. Por ello, ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la norma mientras se resuelve el proceso judicial.
Paralelamente, ASCAV ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea, alegando que el decreto contraviene la normativa comunitaria. De admitirse, España podría enfrentarse a inspecciones y sanciones económicas si no rectifica la situación.
