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La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha dado un nuevo paso en su batalla contra el Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda en Canarias, impulsado por la Consejería de Turismo del Gobierno autonómico. La entidad compareció este lunes 11 de marzo ante la Comisión Europea en Bruselas, después de que su denuncia formal, presentada el pasado 10 de febrero, fuera admitida a trámite por el organismo comunitario.
Durante su intervención, ASCAV puso sobre la mesa lo que consideran una “flagrante ilegalidad” cometida por el Ejecutivo canario: “El Gobierno de Canarias no ha cumplido con la Comisión Europea”, señalaron representantes de la asociación, haciendo alusión al procedimiento obligatorio de notificación previsto en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
La normativa comunitaria, concretamente el artículo 15.7 de dicha directiva, establece que los Estados miembros deben notificar a la Comisión cualquier nueva disposición legal que contemple requisitos que puedan limitar el ejercicio de actividades de servicios. Según explicó ASCAV, ese es el caso del nuevo Proyecto de Ley canario, que introduce restricciones al desarrollo de la actividad de vivienda vacacional. Sin embargo, “hasta la fecha, el Gobierno de Canarias no ha procedido al envío formal del texto a la Comisión, pese a haberse comprometido a ello”, detallaron.
Desde la Comisión se confirmó durante la reunión que el Ejecutivo regional no ha completado aún ese trámite obligatorio, lo que podría acarrear consecuencias legales para el Estado español. Si, tras el análisis correspondiente, se concluye que la norma canaria efectivamente limita el ejercicio de esta actividad sin haber sido debidamente notificada, la Unión Europea podría abrir un procedimiento de infracción contra España por vulneración del derecho comunitario.
Además, ASCAV ha comparecido también por otras dos denuncias presentadas ante la Comisión Europea, cuya naturaleza se mantiene en confidencialidad por el momento para no entorpecer la instrucción. La asociación ha confirmado que al menos una de ellas será resuelta en las próximas semanas.
Con este paso, la asociación consolida su ofensiva jurídica en defensa del alquiler vacacional y advierte de las posibles consecuencias legales para la comunidad autónoma si se persiste en la tramitación del proyecto sin los debidos cauces legales internacionales.
