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El Proyecto de Ley de Vivienda Vacacional ha llegado al Parlamento de Canarias tras ser aprobado por la Consejería de Turismo, según informó este 26 de diciembre. Aunque el texto habría sido modificado para atender las observaciones del Consejo Consultivo y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) denuncia que se han ignorado las más de 5.000 alegaciones presentadas, de las cuales un 67% eran contrarias a la propuesta.
ASCAV acusa a la Consejería de continuar alineada con los intereses de la patronal hotelera y de dar la espalda al colectivo que representa a miles de familias dedicadas al alquiler vacacional en las islas. “Darle la espalda a ASCAV significa ignorar a miles de familias canarias que se dedican al alquiler vacacional y muchas empresas locales nacidas al calor de esta actividad”, sostuvo Doris Borrego, presidenta de la asociación.
Preocupaciones económicas y sociales
La asociación advierte de las devastadoras consecuencias que tendría una normativa que restrinja esta modalidad turística. Según ASCAV, la economía que genera el alquiler vacacional supera los 1.700 millones de euros al año, y la nueva ley podría provocar la desaparición de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Además, se teme que el encarecimiento del turismo, promovido por la reducción de oferta, expulse a las familias canarias de este sector y limite el acceso de la población local a la actividad turística.
Borrego también subrayó que las restricciones al alquiler vacacional no resolverán la crisis de vivienda en las islas. “Ni el 10% de los propietarios están dispuestos a ofrecer sus viviendas en alquiler residencial debido a la falta de seguridad jurídica”, explicó, basándose en encuestas realizadas entre sus más de 1.800 socios.
Falta de transparencia
ASCAV denuncia que no se les ha notificado el texto final de la ley, lo que les ha obligado a solicitarlo a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias y por otras vías parlamentarias. La presidenta recordó que durante más de una década el Partido Popular mantuvo un canal abierto de comunicación con la asociación cuando estaba en la oposición, algo que, según ella, ha cambiado desde que ocupa el gobierno.
La asociación asegura que seguirá luchando para que el Parlamento considere las reivindicaciones del sector, en defensa de una modalidad turística que califican de vital para la economía y la sociedad canaria.
