La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha emitido una contundente acusación contra la consejera de Turismo, Jessica de León, tras la publicación de la nueva normativa que regula las viviendas vacacionales en Canarias. Según ASCAV, el nuevo marco legal supondrá la eliminación del 90% de las viviendas vacacionales actualmente operativas en el archipiélago, afectando principalmente a los pequeños propietarios y aquellos que delegan la gestión de sus inmuebles en empresas especializadas.
ASCAV subraya que uno de los principales problemas de esta normativa es que solo los propietarios que gestionen directamente sus viviendas podrán optar a una consolidación, la cual, según la asociación, «no es tal». Aunque la consejera había asegurado que «los que están, se quedan», ASCAV denuncia que, en realidad, los propietarios tendrán que someterse a un nuevo examen, presentando más documentación y pasando por el filtro de los Ayuntamientos y Cabildos, que deberán dar un «sí» vinculante para la obtención de una nueva licencia.
Además, ASCAV advierte que «todos los propietarios de apartamentos, bungalós y similares», que representan casi el 60% de las viviendas vacacionales actuales, serán expulsados del mercado de alquiler turístico, lo que supondrá un duro golpe para el sector. También señalan que, incluso en caso de obtener la consolidación, los propietarios no podrán transferir la licencia a sus hijos o descendientes en caso de fallecimiento, lo que consideran una «auténtica expropiación del título habilitante de la vivienda vacacional».
La asociación también denuncia que el Gobierno ha generado un «efecto llamada» tras el anuncio de la norma en octubre de 2023. En los últimos 10 meses, más de 20.000 viviendas vacacionales se han registrado en Canarias, sumándose a las más de 40.000 ya existentes. ASCAV acusa a la Consejería de fomentar este aumento para justificar la implantación de una normativa más restrictiva.
Por último, ASCAV rechaza las afirmaciones de que el texto haya sido flexibilizado, señalando que «los que pierdan su declaración responsable de vivienda vacacional quedarán excluidos automáticamente durante 3 años», lo que afectará gravemente a miles de propietarios que dependen del alquiler turístico como fuente de ingresos.
