El Ayuntamiento de Puerto del Rosario trabaja en el expediente de caducidad que conducirá a la demolición de la urbanización Marlape, en Playa Blanca. Así lo confirmó Ana Hernández, edil de Planeamiento y Urbanismo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura en Radio Insular, donde aseguró que “al Ayuntamiento, desde Urbanismo, no le queda otra más que declarar esa caducidad y lógicamente volver a su estado inicial; volver a su estado inicial significa, al final, la demolición”.
La concejala también habló sobre los avances en el suelo conocido como R1, donde se emplaza el recinto ferial y donde, en un futuro, se prevé trasladar la Casa Consistorial y dotar a toda la zona de nuevos recursos, cambiando sustancialmente lo que será la imagen de la ciudad.
Después de muchos años, la corporación ha acordado con la Junta de Compensación presentar en un plazo de tres meses el proyecto que tiene previsto acometer en la zona.
300 firmas para mejorar Primero de Mayo
La remodelación de la Avenida Primero de Mayo, una de las arterias principales de Puerto del Rosario, también centró la atención de la edil. Según explicó Hernández, el proyecto adjudicado para su ejecución tras dos licitaciones previas, ha generado malestar entre algunos vecinos que han presentado cerca de 300 firmas en contra de las obras.
Una reacción que ha sorprendido a la concejala, confesó, y que ha llevado a la corporación a modificar el proyecto. Un proyecto que “personalmente no me gustaba”, reconoció, y que ahora esperan mejorar primando la habilitación de una plataforma única y manteniendo los dos sentidos de circulación. Una intervención importante que va a suponer la mejora sustancial de una de las principales arterias de la ciudad, que contará con un mirador y que, confía, gustará a la ciudadanía.
Nueva ordenanza para actividades musicales: equilibrio entre ocio y descanso
En el ámbito normativo, Hernández destacó la entrada en vigor de la nueva ordenanza que regula las actividades musicales en los locales de restauración. Esta normativa establece sanciones de entre 600 y 3.001 euros para quienes incumplan los requisitos establecidos, como la obtención de permisos específicos y el respeto a horarios.
“La ordenanza responde a las demandas vecinales de mayor control sobre el ruido, pero también busca garantizar que los locales puedan ofrecer actividades bajo un marco claro y legal. Es un equilibrio necesario entre el descanso de los residentes y la dinamización del ocio nocturno”, concluyó la edil.
