A mediados de febrero, el Hotel Tres Islas, de la cadena Riu, podría cerrar sus puertas, y dejar en la calle a unos 300 empleados, si culmina el expediente incoado a mediados el mes de agosto para iniciar la caducidad de la concesión.
La “excusa” que ha encontrado el Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende la Dirección General de la Costa, después de numerosas inspecciones llevadas a cabo en el establecimiento en los últimos meses, ha sido el de remontarse a una sanción impuesta a la empresa, en 2007 -cuando se acometió la renovación del establecimiento-, “por un jacuzzi y por techar una terraza”.
Así lo explicó la responsable de los servicios jurídicos de Riu Canarias, Águeda Borges, en una entrevista este martes en Radio Insular, donde manifestó que los técnicos consideran, 13 años después, “que esto es un incumplimiento a uno de los condicionantes de la concesión, suficiente para caducarla. Es un despropósito y una desproporción”, recalcó.
Para Borges, “existe la voluntad continuada, inequívoca y certera de que esos hoteles desaparezcan…subyace una voluntad de barrernos del mapa….Parece que somos el objetivo ejemplarizador que el Ministerio se ha propuesto”, insistió.
La concesión “no es una gracia, es una indemnización”
La representante legal del grupo Riu manifestó que la cadena defenderá, sin descanso, que se cumpla la legalidad y el derecho de estos hoteles y de la empresa concesionaria a agotar los tiempos de la concesión. “Porque esta concesión, no es una gracia, es una indemnización al despojo de tu propiedad como consecuencia del deslinde marítimo terrestre que se hace en ese tramo de costa en el marco de la regulación costera de 1988” y por el que la cadena cedió, entre otros, la titularidad de la Isla de Lobos.
Un hecho que, sin embargo, “no entra en la ecuación”. Desde el inicio, aseveró, “ha sido una lucha constante, dependiendo del funcionario que esté, arremete más o arremete menos”. Trabajadores que han estado ahí en distintas posiciones, en unos gobiernos y en otros, “y que tienen un enconamiento personal contra estos hoteles, contra Fuerteventura”.
Después de constatar que existen, en las cercanías donde se ubican los establecimientos de Riu “muchos ejemplos de concesiones ya vencidas y no ocurre nada, situaciones extrañísimas en cuanto al uso del dominio publico…usos que no tienen ninguna legalización y que continúan….”, Borges confesó “nos hemos cansado de estar en el centro de la diana”.
Por eso, advirtió, “ésto tiene que costar responsabilidades personales a quien, en una práctica persecutoria y abusiva, nos coloca en una situación de inseguridad continuada”.
De forma paralela, abogó por la pronta culminación del traspaso de competencias de costas a la Comunidad Autónoma que supondría “un alivio”.
Hasta entonces, continuarán defendiendo la legalidad del Hotel Tres Islas y del Oliva Beach, “ahora archivado por caducidad” y pidiendo ayuda a trabajadores, sindicatos, empresarios y políticos ante “este ataque contra la economía vital de la comarca norte y contra el sector turístico de Canarias”, concluyó.
