La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha mostrado su apoyo al denominado Decreto Canarias tras participar en un encuentro convocado por el presidente del Gobierno autonómico con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), con el objetivo de debatir esta iniciativa antes de su remisión al Estado.
Tras la reunión, en la que participaron representantes del Gobierno de Canarias, ayuntamientos y cabildos, García valoró positivamente el espíritu de la propuesta, al considerar que busca garantizar la financiación necesaria para el Archipiélago.
La presidenta insular defendió que “nuestras islas no pueden seguir esperando a que el Estado apruebe unos presupuestos para avanzar en derechos y servicios públicos esenciales”, y añadió que “no se trata de reclamar privilegios, sino el cumplimiento de obligaciones pendientes con Canarias, especialmente en un territorio reconocido como región ultraperiférica”.
No obstante, García insistió en la necesidad de que el decreto tenga en cuenta las diferencias entre los territorios. Según explicó, “hemos trasladado la importancia de valorar la realidad de cada una de las islas, para garantizar la equidad y que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan, de manera que ninguna isla ni ninguna persona quede atrás”.
En el caso concreto de Fuerteventura, recordó que la isla afronta factores como la lejanía, los sobrecostes en transporte, energía y agua, así como una elevada dependencia de sectores económicos vulnerables, lo que hace necesario “preservar el principio de cohesión territorial”. Como presidenta del Cabildo majorero y también de la FECAI, Lola García concluyó que “se seguirá trabajando de forma coordinada para mejorar el decreto y defender los intereses de todo el Archipiélago”.
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha expresado su apoyo al Decreto Canarias, una iniciativa que busca garantizar una financiación estable para el Archipiélago. García defiende la necesidad de avanzar en los derechos y servicios públicos esenciales, sin esperar a la aprobación de los presupuestos del Estado. Además, enfatiza que el decreto debe tener en cuenta las realidades particulares de cada una de las islas para asegurar equidad.