El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este viernes de que más de un tercio de las viviendas que se adquieren en el archipiélago terminan en manos de compradores extranjeros, una situación que, a su juicio, obliga a las administraciones a estudiar medidas para limitar o regular estas operaciones y proteger el acceso de la población residente.
Durante una rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo autonómico señaló que el problema de la vivienda en Canarias no se reduce únicamente a la financiación o a la construcción de promociones públicas, sino que está directamente vinculado a la capacidad real de los canarios para acceder a una vivienda en el mercado.
“El problema no es solo que haya vivienda pública para los canarios, sino que los canarios puedan acceder a la vivienda, tanto pública como privada”, afirmó Clavijo, quien subrayó que una parte relevante de las operaciones de compraventa acaba en manos de ciudadanos extranjeros.
El presidente explicó que el Gobierno de Canarias está trabajando de forma coordinada con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y el Cabildo de Tenerife para analizar posibles fórmulas que permitan establecer límites o mecanismos de regulación en la compra de viviendas, especialmente en el actual contexto de emergencia habitacional.
Según detalló, la elevada demanda externa reduce la oferta disponible para los residentes y contribuye al encarecimiento de los precios, lo que dificulta el acceso a una vivienda digna para buena parte de la población local. En este sentido, consideró que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de intervenir para garantizar este derecho básico.
Clavijo recalcó que el Ejecutivo regional no pretende ofrecer “recetas milagro” ni realizar anuncios sin respaldo real, sino trabajar con coordinación, seriedad y rigor para dar respuestas efectivas a uno de los principales problemas sociales del archipiélago.
Asimismo, insistió en que la prioridad del Gobierno autonómico debe centrarse en proteger a la población residente y asegurar que los canarios puedan acceder a una vivienda en condiciones razonables, en un mercado cada vez más tensionado por la presión de la demanda exterior.
