El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones destinada a combatir el trabajo en negro y la economía sumergida en el Archipiélago, con una dotación económica de 255.000 euros. La convocatoria, impulsada por la Consejería de Turismo y Empleo a través de la Dirección General de Trabajo, ha sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y se gestionará en régimen de concurrencia competitiva.
El objetivo de estas ayudas es respaldar proyectos que se desarrollen durante el año 2026 y que contribuyan a frenar el empleo irregular, sensibilizar a la ciudadanía sobre sus consecuencias y facilitar mecanismos de denuncia y asesoramiento. Desde el Ejecutivo autonómico se subraya que el trabajo en negro no solo perjudica a las personas trabajadoras, sino que distorsiona la competencia empresarial y debilita el sistema público de protección social.
Podrán optar a estas subvenciones las corporaciones de derecho público, así como las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro constituidas para la defensa de los intereses económicos y sociales. La convocatoria reconoce el papel que desempeña el tejido asociativo como aliado clave para detectar situaciones de empleo irregular y actuar, especialmente, en sectores o colectivos más vulnerables.
Los proyectos que resulten seleccionados deberán contemplar acciones concretas como la creación de canales de recepción de denuncias, campañas de sensibilización dirigidas a la población general o a colectivos específicos, acciones formativas sobre los efectos negativos del trabajo en negro o servicios de asesoramiento técnico vinculados a casos de economía sumergida.
La normativa establece que cada entidad solicitante solo podrá presentar un proyecto, que podrá recibir una financiación mínima de 10.000 euros y un máximo de 24.000 euros, en función del alcance y contenido de la propuesta presentada.
El director general de Empleo, José Ramón Rodríguez, destacó la importancia de esta convocatoria para avanzar hacia un mercado laboral más justo y transparente. “La economía sumergida es una barrera para la generación real de oportunidades laborales y para la protección de los trabajadores”, señaló, remarcando que este tipo de prácticas perjudican tanto a quienes trabajan en situación irregular como al conjunto de la sociedad.
Rodríguez añadió que el objetivo es implicar activamente a las entidades sociales en esta tarea. “Buscamos que el tejido asociativo se convierta en un aliado estratégico para aflorar el empleo irregular, garantizar una competencia leal entre las empresas y que la ciudadanía comprenda los riesgos de trabajar al margen del sistema”, explicó.
El plazo para presentar solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto en el BOC. La tramitación deberá realizarse exclusivamente por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias.
