La vivienda, el modelo turístico y las políticas sociales continúan marcando los principales ejes de acción de la diputada de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias y presidenta insular de la formación en Fuerteventura, Natalia Santana.
Así lo expuso en una entrevista concedida al programa La Voz de Fuerteventura, de Radio Insular, donde hizo balance de su actividad parlamentaria y volvió a situar la crisis habitacional como uno de los problemas más urgentes del Archipiélago. “Hay más de 200.000 viviendas vacías y el miedo del propietario a alquilar es real”, afirmó, reclamando un mayor protagonismo de la Administración para desbloquear el mercado del alquiler.
La diputada majorera subrayó que la actual crisis de acceso a la vivienda en Canarias no puede abordarse únicamente desde el incremento de la oferta, sino que requiere una intervención pública decidida para generar confianza y estabilidad. “Hay un parque de viviendas que no se está movilizando porque el propietario no se siente protegido”, insistió.
En este contexto, Santana volvió a defender el Plan Canario de Alquiler Seguro, una iniciativa planteada por Nueva Canarias y rechazada hasta ahora por el Gobierno autonómico. La propuesta contempla que la Administración actúe como arrendadora directa, garantizando el cobro al propietario, asumiendo posibles impagos y ofreciendo los inmuebles a precios ajustados a la capacidad económica de la ciudadanía. “No es una ocurrencia, funciona en otros territorios”, afirmó, recordando experiencias similares desarrolladas en otras comunidades autónomas.
La diputada cuestionó que, ante un problema estructural de esta magnitud, el Ejecutivo no haya optado por fórmulas de este tipo. “Si hay más de 200.000 viviendas vacías y la gente no puede alquilar, algo está fallando en la política pública”, señaló, advirtiendo de las consecuencias directas que esta inacción tiene sobre trabajadores esenciales, jóvenes y familias con ingresos medios. “No hablamos solo de personas vulnerables, hablamos de gente que trabaja y aun así no puede acceder a una vivienda”, recalcó.
Durante la entrevista, Santana vinculó también la crisis del alquiler con el modelo turístico y la regulación del alquiler vacacional. A su juicio, la normativa aprobada por el Gobierno llegó tarde y perdió contundencia durante su tramitación parlamentaria. “Se prometió una regulación valiente y lo que salió fue una ley muy alejada de lo que se había anunciado”, afirmó, sosteniendo que el resultado final ha beneficiado principalmente a los grandes tenedores y a los intereses del sector hotelero. “No se ha puesto freno a la especulación ni se ha protegido de verdad el uso residencial”, añadió.
La parlamentaria de Nueva Canarias fue especialmente crítica con la ausencia de medidas fiscales finalistas vinculadas al impacto turístico. En este sentido, volvió a reclamar la implantación de un impuesto sobre las estancias alojativas que permita reinvertir parte de los beneficios del sector en políticas de vivienda y servicios públicos. “No se puede seguir presumiendo de cifras récord mientras la gente no puede pagar un alquiler”, sostuvo, cuestionando que el Gobierno descarte esta herramienta por presiones del sector.
El análisis de Santana se extendió también al ámbito laboral, especialmente en el sector turístico. La diputada recordó que las mejoras salariales no han avanzado al mismo ritmo que el crecimiento de la facturación. “Se habla de récords históricos, pero los convenios suben un 10% mientras el coste de la vida se dispara”, señaló, advirtiendo de que esta brecha está empujando a muchos trabajadores a situaciones de precariedad habitacional.
Canarias y el turismo sexual con menores
En el ámbito de las políticas sociales, Santana se mostró especialmente crítica con la gestión de la Consejería de Bienestar Social, que calificó como “la gran decepción” de la legislatura. La diputada recordó que había depositado expectativas en la responsable del área, Candelaria Delgado, por su trayectoria previa vinculada al trabajo social, pero lamentó que su paso por el Gobierno haya supuesto, a su juicio, un retroceso.
“Se han recortado derechos y se han tomado decisiones que debilitan el sistema de protección”, afirmó, señalando deficiencias en ámbitos como la dependencia, la discapacidad y la atención a menores.
En este punto, expresó su preocupación por la situación de los menores tutelados y alertó del riesgo de que Canarias se esté convirtiendo en un entorno propicio para el turismo sexual. Santana calificó este escenario como “especialmente alarmante” y advirtió de la existencia de fallos graves en los sistemas de protección.
“El Gobierno de Canarias tiene la obligación de ser garante de esos niños y niñas”, afirmó, lamentando que algunos menores se encuentren “en situación de total vulnerabilidad”. Aunque precisó que no tiene constancia de casos concretos en Fuerteventura, sí alertó de episodios detectados en otras islas y reclamó una revisión profunda del funcionamiento de los centros de menores, un mayor control y una respuesta más ágil por parte de la Administración para evitar que estas situaciones se repitan.
