Entre la ilusión y la licitación: “Nos imaginábamos en el escenario”

 

 

El Carnaval es una cuenta atrás que, en muchos hogares de Antigua, comienza meses antes de que suene la primera batucada. Para decenas de niños y niñas del municipio, ese tiempo se ha llenado de ensayos bajo el calor del verano, trajes cosidos con paciencia y una ilusión compartida con sus familias: salir al escenario del Carnaval de su pueblo. Esa ilusión es la que hoy se ha visto golpeada por un debate que mezcla legalidad, economía y gestión institucional.

La polémica estalla cuando la Comparsa Zulymar decide hacer pública su situación en redes sociales, denunciando que no contaba con ninguna vía de participación en el Carnaval 2026 de Antigua y Caleta de Fuste, pese a llevar meses ensayando y a estar integrada mayoritariamente por vecinos y vecinas del municipio. A partir de ese momento, el debate trasciende el ámbito interno y se instala en la esfera pública, generando una oleada de reacciones políticas, institucionales y sociales. A raíz de ello, el Ayuntamiento de Antigua emitió un comunicado, a través del concejal de Festejos, Pedro M. Armas Martín, en el que defendió que todo el procedimiento se ha tramitado conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Según explicó el edil, esta normativa —de obligado cumplimiento para todas las administraciones— se basa en principios como la libre concurrencia, la igualdad de trato y la transparencia, y no obliga a incluir a colectivos concretos dentro de un contrato licitado ni permite contrataciones directas por supuesta exclusividad en el caso de comparsas, murgas o batucadas. El concejal fue claro al señalar que “no puede ni debe elegirse a dedo qué colectivos participan en los actos oficiales”, ya que hacerlo supondría vulnerar la ley.

En el plano económico, el Ayuntamiento reconoce que los cachés solicitados por determinadas comparsas y espectáculos suponían un incremento relevante del coste del contrato. En el caso de Zulymar, los presupuestos planteados oscilaban entre los 3.000 y los 4.000 euros para varias actuaciones, cifras que, según Armas, “reducían de forma sustancial el margen de gestión de la empresa adjudicataria y podían comprometer la viabilidad del procedimiento”, con el riesgo incluso de que el contrato quedara desierto. Por ese motivo, se decidió no incluir a ninguna comparsa en el pliego, insistiendo en que no se trata de un veto ni de una discriminación.

 

 

Sin embargo, la versión institucional convive con otra realidad muy distinta, la que se vive en los locales de ensayo y en las casas de las familias. Así lo expresaron las integrantes de la comparsa en una entrevista concedida en Radio Insular Fuerteventura.

Zuleima Hernández, directora de la Comparsa Zulymar, puso voz a ese sentimiento compartido: “Llevamos ensayando desde agosto. Las niñas se imaginaban el escenario, las posiciones, cómo iba a ser salir en su municipio, y de repente fue un baño de agua fría”. La comparsa, formada por unas 16 componentes, había preparado una coreografía de unos 20 minutos pensada específicamente para lucirse en Antigua, un trabajo que ahora no podrá mostrarse allí.

Natalia, madre y componente, relató cómo se vivió la noticia en casa: “La niña llegaba indignada, preguntando cómo podía pasar esto. Íbamos a ensayar sin las mismas ganas porque la ilusión se la habían matado”. Para muchas familias, era el primer Carnaval de sus hijas, el debut en una comparsa tras meses de esfuerzo.

Kessia, también madre y componente, apeló al sentido común: “No pedimos excluir a nadie. Cabemos todos en el Carnaval, pero siendo un grupo del municipio, lo lógico es que se cuente con nosotras”. Desde la comparsa insisten en que el problema no es únicamente económico, sino de apoyo institucional y de comunicación. “No es cuestión del presupuesto, es sentir el respaldo, que se cuente contigo”, subrayó Zuleima Hernández.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que existen otras vías de apoyo a los colectivos culturales, como las subvenciones públicas que se convocan periódicamente, y que la licitación del Carnaval no es una excusa, sino una obligación legal. Además, se señala que la ley que ahora se cuestiona fue aprobada en su día con mayoría absoluta del Partido Popular, formación que actualmente respalda públicamente a la comparsa desde la oposición y denuncia su exclusión.

Mientras el debate político y jurídico sigue abierto, la realidad es que muchas niñas y niños de Antigua no podrán vivir este año el Carnaval que llevaban tanto tiempo esperando en su propio municipio. Entre artículos de ley y cifras presupuestarias, queda en el aire una pregunta que atraviesa todo el conflicto: cómo encajar la legalidad con la esencia más humana del Carnaval, esa que se construye desde la ilusión.