El concesionario de «El Patio del Cuartel» denuncia “persecución” tras el precinto municipal y el Ayuntamiento lo atribuye a incumplimientos y seguridad

 

 

El precinto municipal de la actividad conocida como El Patio del Cuartel, ubicada en la Plaza Millares Sall (Puerto del Rosario), ha abierto un nuevo choque público entre el concesionario, Álvaro Sanz, y el Ayuntamiento. La controversia se intensificó el pasado 25 de enero, cuando Sanz difundió un vídeo en redes sociales para explicar el cierre y denunciar lo que considera una campaña de hostigamiento administrativo.

En esa intervención, el empresario afirma que el negocio permanece cerrado desde “el martes pasado” por “un precinto municipal que nos impide seguir de momento con la actividad”. En su relato, sostiene que se trata de una concesión pública resuelta en 2022 y que la apertura efectiva se retrasó hasta octubre de 2025 por carencias que atribuye al propio consistorio, asegurando que durante ese periodo intentaron subsanarlas. También señala que en septiembre de 2025 se firmó el inicio de la prestación del servicio y que inauguraron el 2 de octubre, tras lo cual se produjo una reunión en Urbanismo con presencia del alcalde y concejalías implicadas para “seguir adelante subsanando los errores”.

Sanz pone el foco en que, según su versión, primero se permitió abrir con aseos portátiles mientras el Ayuntamiento asumía la ejecución de baños definitivos, y cuestiona que después se emitieran informes que, según afirma, ordenaban el cierre por motivos de seguridad. En el vídeo, encuadra la situación dentro de lo que califica como “persecución” y “persecución arbitraria”, denunciando que “no se puede permitir en la persecución arbitraria que se sufre por parte de la administración”. Llega a afirmar que se está actuando “como auténtica mafia” y que se favorece a “caciques amigos y colegas”, y advierte del impacto laboral: “En este negocio o de este negocio viven ocho familias más la mía nueve”, asegura, aludiendo a la incertidumbre de los puestos de trabajo.

La respuesta municipal: “incumplimiento de requisitos legales esenciales”

La mañana del 27 de enero, el Ayuntamiento difundió una nota de prensa para “aclarar” los motivos del precinto, negando decisiones “arbitrarias” o “políticas” y vinculando la suspensión a incumplimientos y a criterios de seguridad. En el comunicado, el consistorio sostiene que el inicio de la actividad estaba condicionado a obligaciones “imprescindibles”, como licencia de apertura, seguros obligatorios y acreditación de medios.

 

 

El Ayuntamiento sitúa un hito clave el 3 de octubre de 2025, cuando “un acta de la Policía Local dejó constancia de que la actividad se estaba desarrollando sin licencia de apertura ni seguro de responsabilidad civil válido”, y menciona además otros incumplimientos detectados: impago del canon 2024 y 2025, seguros “a nombre del concesionario”, ausencia de formación acreditada del personal, falta de inscripción sanitaria y falta de autorización administrativa para una actividad clasificada con instalación de gas “con el riesgo que conlleva al tratarse de un kiosco de madera”.

La nota municipal añade que el 5 de noviembre de 2025 se emitió un requerimiento de subsanación y que el 19 de enero de 2026 se inició el procedimiento de resolución del contrato junto con la “suspensión inmediata” como medida preventiva. Asimismo, señala que el 21 de enero Urbanismo dejó “sin efectos” la comunicación previa, declarando la imposibilidad de continuar con la actividad hasta obtener las autorizaciones necesarias.

Álvaro Sanz exige rectificación y anuncia acciones legales

Tras la publicación municipal, Sanz se puso en contacto con Radio Insular y remitió un audio en el que cuestiona varios puntos del comunicado y exige una rectificación. Afirma que es “falso” que el inicio quedara pendiente de que él resolviera requisitos cuando, según relata, en 2022 no había ni luz ni agua y la caseta no era propiedad municipal. Sobre el acta policial del 3 de octubre, asegura: “a mí ningún policía local se me presentó en el negocio el día 3 ni me pidió ningún tipo de documentación”.

El concesionario también defiende que sí existía póliza desde el inicio y que fue registrada, aunque admite discrepancias administrativas sobre el “tomador” del seguro, afirmando: “Evidentemente, el riesgo estaba cubierto”. En relación con el canon, argumenta que el contrato contemplaría la exención si no podía abrir por causas imputables a la Administración y explica que pagó 2022 y 2023 sin abrir, pero dejó de abonar posteriores anualidades en ese contexto. Sobre la formación del personal, sostiene que los carnés de manipulador están registrados; respecto al registro sanitario, afirma que la actividad estaría exenta del registro general y que se inscribió en el autonómico. En cuanto a la instalación de gas, niega que exista un riesgo real y asegura que dispone de boletín y documentación presentada.

Sanz concluye advirtiendo que, si no se rectifica la información difundida, acudirá a la vía judicial: “tenían hasta hoy por la tarde para rectificar… les pondré una querella por difamación”, indicando que antes podría promover un acto de conciliación.

Concentración de apoyo coincidiendo con el pleno municipal

La polémica trascendió el ámbito administrativo y se trasladó a la calle en la tarde de este lunes, cuando, tras una convocatoria difundida en redes sociales y grupos de WhatsApp, cerca de una veintena de personas se concentraron en señal de apoyo a Álvaro Sanz. A la convocatoria se sumó la Asociación de los Autónomos de Fuerteventura, según pudo constatar este medio.

La concentración tuvo lugar alrededor de las 19:30 horas, coincidiendo con la celebración del pleno ordinario en la Casa Consistorial. Los asistentes portaban pancartas y coreaban consignas como “No a la mafia, no a los caciques”, unas expresiones que, según se escuchaba en el ambiente de la protesta, hacían referencia a acusaciones de tratos de favor prolongados en el tiempo hacia otros empresarios de la restauración “bien conocidos”, especialmente en relación con el uso del espacio público para terrazas o la celebración de eventos y fiestas sin los permisos necesarios.

Este malestar no es nuevo y, según ha podido constatar este medio, ya ha sido planteado por distintos empresarios del sector, algunos de los cuales se han dirigido incluso a la sección Plaza Pública en Radio Insular, por escrito, para denunciar lo que consideran un «permisivismo aparente» hacia determinados negocios en la zona baja de Puerto del Rosario, una situación que, a su juicio, estaría perjudicando a otros empresarios de la restauración y del ocio nocturno que sí cumplen con las exigencias administrativas.

Durante la concentración, el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, bajó a la plaza para hablar directamente con Álvaro Sanz. Según fuentes presentes, el regidor le pidió que fuera “responsable con sus actos”, en un intento de rebajar la tensión y trasladar el conflicto nuevamente al plano administrativo.

El trasfondo del expediente de concesión

Según ha podido apurar este medio, el expediente que sustenta la concesión de El Patio del Cuartel se tramitó en la legislatura pasada, bajo la responsabilidad de la entonces concejala del anterior grupo de gobierno, Peña Armas, y corresponde al área de Contratación. Se trata de una concesión adjudicada mediante procedimiento negociado sin publicidad, una fórmula excepcional dentro de la contratación pública.

Fuentes consultadas señalan que el contrato fue adjudicado durante el anterior mandato y que, aunque la concesión quedó formalizada, el pliego de condiciones del procedimiento negociado sin publicidad condicionaba expresamente el inicio de la actividad a que el adjudicatario tramitara y obtuviera todos los permisos, licencias y autorizaciones necesarias, especialmente las vinculadas a Urbanismo, seguridad y actividad.

De acuerdo con este mismo contexto, desde el área municipal de Urbanismo no se habría producido una regularización completa de la situación administrativa antes de la apertura efectiva del negocio, un extremo que ahora se sitúa en el centro del conflicto. Este encaje entre un expediente de contratación heredado y su posterior desarrollo urbanístico explica parte de la complejidad del caso y la coexistencia de interpretaciones enfrentadas sobre las responsabilidades de cada actor.

Con el procedimiento administrativo ya en marcha, con apoyo social visible y con versiones claramente contrapuestas, el futuro de El Patio del Cuartel queda ahora supeditado a las decisiones que adopte el Ayuntamiento y, en su caso, a la resolución judicial que pueda derivarse de las acciones anunciadas por el concesionario.