Santana advierte de que el estancamiento de la Renta de Ciudadanía “pone en riesgo la eficacia del escudo social” en Canarias

 

 

La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Natalia Santana ha alertado este jueves de que el estancamiento en el despliegue de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) está poniendo en riesgo la eficacia del escudo social en Canarias, en un contexto marcado por el crecimiento económico del archipiélago y, al mismo tiempo, por elevados índices de pobreza y exclusión social. La parlamentaria considera que la falta de avances en esta prestación evidencia la inacción del Gobierno autonómico formado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) en materia de políticas sociales.

Santana, portavoz de NC-BC en derechos sociales, denunció que la Renta de Ciudadanía, concebida como la principal herramienta del sistema público canario para combatir la pobreza, permanece completamente bloqueada. Según expuso, el número de personas beneficiarias se mantiene en torno a las 13.000, las mismas que en junio de 2023, sin que se haya producido ningún avance en dos años y medio. “En dos años y medio no se ha avanzado absolutamente nada”, censuró.

La diputada subrayó que esta situación resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta que Canarias continúa registrando una de las tasas más altas de pobreza y exclusión social del Estado. De acuerdo con los últimos datos oficiales, más del 31 % de la población canaria se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según la tasa Arope, una realidad que, a su juicio, contrasta con la parálisis de una prestación llamada a ser clave para proteger a los sectores más vulnerables.

Natalia Santana denunció asimismo que ninguno de los tres complementos previstos en la ley de la Renta Canaria de Ciudadanía ha sido desarrollado hasta la fecha. Se trata del complemento de vivienda, el educativo y el vinculado a las pensiones no contributivas, que afectan a unas 42.000 personas en las islas. “Los complementos de vivienda y educación son competencia directa del Gobierno de Canarias, encajan perfectamente en el marco jurídico y no dependen del Estado. No se han puesto en marcha porque no les ha dado la gana”, afirmó.

 

En relación con las pensiones no contributivas, la diputada reconoció que existe una dificultad de carácter estatal para su compatibilización, pero reprochó al Ejecutivo autonómico presidido por Fernando Clavijo su falta de determinación política. “No ha sido lo suficientemente contundente ni ha insistido lo necesario”, sostuvo, mostrando además dudas sobre el anuncio realizado por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, relativo a un complemento de 400 euros anuales para los perceptores de estas pensiones a través de la RCC.

Para Santana, dicho anuncio carece de garantías reales. “Lo que vemos es un anuncio sin garantías, sin desarrollo normativo y sin credibilidad, porque la Renta Canaria lleva años bloqueada (desde julio de 2023, fecha en la que entra al Ejecutivo el pacto de CC y el PP)”, advirtió.

La diputada de NC-BC acusó directamente a las fuerzas de derechas que sostienen al Gobierno autonómico de “estar desmantelando el escudo social canario”, y puso el foco en la vivienda como uno de los principales factores de empobrecimiento en la actualidad. En su opinión, la falta de ejecución de las políticas sociales no es un mero retraso administrativo, sino una cuestión de fondo con consecuencias directas sobre la ciudadanía. “Esto no es una demora administrativa. Es una condena porque un Gobierno que no ejecuta, abandona”, afirmó.

Santana concluyó señalando que la protección social depende de una estructura eficaz de rentas, servicios sociales, vivienda y empleo, un sistema que, a su juicio, “no está siendo eficaz en Canarias”, lo que incrementa la vulnerabilidad de miles de familias en el archipiélago.