Clara Peña, Antonio Borrero y Miguel Felipe Rastrero, concejales en la oposición en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, mostraron este miércoles su preocupación por el impacto que ha supuesto en la imagen de la institución —y en la propia clase política— la irrupción en las dependencias municipales de miembros de la UDEF, que investigan más de una treintena de expedientes en el marco de la operación Odín contra la corrupción.
Son situaciones como ésta, apuntaron los ediles, las que deterioran la imagen de los políticos y acentúan el distanciamiento con la ciudadanía. Rastrero fue más allá y recalcó que el daño afecta no solo al Ayuntamiento y a los representantes políticos, sino también a todos los trabajadores de la corporación.
El concejal subrayó que lo que está en juego es la “credibilidad” del Ayuntamiento. Por eso, aunque defendió la necesaria presunción de inocencia para las personas afectadas, también pidió máxima contundencia e, incluso, un castigo “ejemplarizante” para quienes, habiendo sido elegidos por el pueblo, practiquen la corrupción. “La persona que jura o promete un cargo y falla a su electorado siendo corrupto, hay que aplicarle la máxima de las penas”, insistió.
En la entrevista, todos coincidieron en señalar la necesidad de investigar “todos los contratos de la anterior legislatura”; una investigación integral que incluya a todas las áreas municipales. En este sentido, recordaron que “en el PP siempre fuimos claros y de hecho pedimos que se hiciera una auditoría a todas las áreas, no solo a las que estaban ya en aquella época investigadas, sino a todas, porque creemos que cuanto más transparencia haya, mejor”, subrayó Borrero, mientras Rastrero pidió que “la Justicia tire de la manta con todo lo que quiera ocurrir”.
Renuncia a 25.000 euros para reforzar la Emergencia Social
Miguel Felipe Rastrero anunció la devolución de 11.000 euros de asignaciones no utilizadas y su renuncia a otros 14.500 euros previstos por este mismo concepto en lo que resta de legislatura.
Una decisión que desde el PP aplaudieron como ejemplo de coherencia y “honorabilidad”, destacando la importancia de destinar esta cuantía a los fondos de emergencia social. “Porque hay una situación muy difícil para muchas familias”, recordaron.
Rastrero, que presentará esta propuesta en el próximo pleno, explicó que la asignación municipal corresponde al grupo político, con independencia del número de miembros que lo integren. En su caso, comparte el grupo mixto con la edil de AMF, Mayra Marichal, que también percibiría otros 25.000 euros en esta legislatura.
El edil criticó además la falta de fiscalización de este dinero, que los partidos utilizan para sus gastos. En algunos casos, dijo, incluso se destina a almuerzos; una práctica legal pero inmoral, a su juicio.
La limpieza, una de las principales deudas pendientes
Además de las demandas de transparencia, los concejales de la oposición pusieron el acento en la falta de eficacia del actual gobierno municipal. Borrero denunció que el gobierno está actuando con “improvisación”.
En este punto, hicieron especial referencia a los problemas de limpieza y al contrato caducado de basuras que sigue sin salir a licitación. “La limpieza ha llegado a tal punto que vamos a presentar en este pleno próximo una moción para que el Ayuntamiento saque de nuevo a concurso público ese contrato”, anunció Peña.
90 y 91 viviendas
Otra de las preocupaciones expresadas fue la rehabilitación de las 90 y 91 viviendas de la capital; un proyecto que viene de atrás y que sigue sin avanzar. Según apuntó Peña, el Gobierno de Canarias justifica la lentitud en que falta documentación por entregar por parte del Ayuntamiento. “Pedimos que, por favor, no se duerman los expedientes, porque afecta a más de 200 familias, no es ninguna tontería”, insistió.
La concejala anunció, asimismo, que el PP llevará al pleno otra propuesta para realizar un censo de viviendas vacías que permita aumentar la oferta y contribuir a rebajar los elevados precios de los inmuebles en la isla, facilitando así el acceso a la vivienda.
