El Gobierno de Canarias ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la nueva orden que regula las retribuciones del turno de oficio, atendiendo así a una demanda histórica de la abogacía canaria. La medida supondrá un incremento del 30% en las retribuciones de los abogados y procuradores que prestan servicios de asistencia jurídica gratuita, en una actualización que se aplicará progresivamente hasta 2027.
La Orden de 25 de agosto de 2025, impulsada por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que lidera Nieves Lady Barreto, modifica la anterior normativa de mayo de 2019, estableciendo una subida del 15% en 2025 (con carácter retroactivo desde el 1 de enero), un 7% adicional en 2026 y el 8% restante en 2027. El ajuste afecta a todos los módulos y conceptos, salvo el turno especial de extranjería, que ya había sido actualizado.
Durante la presentación oficial, la consejera Barreto destacó que «desde 2008 no se había actualizado esta retribución, una mejora de la que se beneficiarán más de 2.300 profesionales del turno de oficio en Canarias». Subrayó también que esta medida dignifica la labor de quienes defienden a la ciudadanía más vulnerable, asegurando el acceso a la justicia en igualdad de condiciones.
Por su parte, el presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, celebró la aprobación de la nueva orden, agradeciendo «el notable esfuerzo presupuestario del Gobierno» y destacando el papel clave del Consejo en las negociaciones. “Esta orden regulariza unos baremos que, desde hace años, no respondían al coste real de los servicios y suponían una importante pérdida del poder adquisitivo de los profesionales del turno de oficio”, subrayó.
También participó en el acto el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, quien valoró que el incremento «dignifica la profesión y reconoce el esfuerzo de abogados y procuradores que actúan en defensa de los derechos fundamentales de quienes no tienen recursos».
El nuevo marco normativo también contempla la regularización de pagos con efecto retroactivo a todas las actuaciones realizadas desde el 1 de enero de 2025, lo que supondrá un impacto directo en las cuentas de los profesionales que ya han prestado servicio este año.
Además, la consejera recordó que esta medida va de la mano de otra iniciativa que ya está en marcha: el sistema de incentivos para los abogados que logren acuerdos extrajudiciales mediante los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), con el objetivo de reducir la litigiosidad en los tribunales.
El acuerdo, fruto de meses de trabajo conjunto entre el Ejecutivo autonómico y el Consejo Canario de Colegios de Abogados, representa un paso firme hacia el reconocimiento profesional y económico de la abogacía que presta servicio en condiciones muchas veces complejas y con un fuerte componente social.
