El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido de que habrá consecuencias legales si las comunidades autónomas incumplen el decreto que obliga a redistribuir a menores migrantes no acompañados desde las regiones con mayor presión migratoria hacia otros territorios del Estado.
En declaraciones realizadas desde la sede del Ministerio de Justicia, Bolaños subrayó: “No me imagino que, por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, quieran incumplir la ley abiertamente, porque eso tendría lógicamente consecuencias también legales.”
El ministro defendió que los criterios establecidos para repartir a los menores son objetivos, claros y transparentes, basados en la ratio de acogida de 32,6 menores no acompañados por cada 100.000 habitantes. Una vez superado ese umbral, se activa automáticamente el traslado hacia comunidades con menor presión.
Bolaños recordó que la medida busca ser solidaria con territorios que soportan una fuerte presión migratoria, como Canarias, Ceuta, Melilla, Andalucía o Baleares. El decreto, que entra en vigor este jueves, fija la capacidad de acogida de cada autonomía y marca el inicio de la denominada “solidaridad obligatoria”, una exigencia planteada por Canarias.
Según lo previsto, en el plazo de un año se derivará a unos 3.000 adolescentes y niños desde las zonas más saturadas a otras comunidades. Además, a partir de septiembre, los menores extranjeros que lleguen a territorios tensionados deberán ser trasladados en un plazo máximo de 15 días.
El destino de los menores se determinará en función de parámetros como la renta per cápita, la tasa de paro, la dispersión geográfica, el esfuerzo previo en materia de acogida, la insularidad o la situación fronteriza.
Con datos oficiales de julio, el Gobierno calculaba que Andalucía (677), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571) serían las comunidades que más menores deberían recibir. Les seguirían Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156), Asturias (144), Murcia (133), Navarra (188) e Islas Baleares (49).
Por el esfuerzo realizado hasta ahora, ni País Vasco ni Cataluña tendrían obligación de acoger más jóvenes, aunque la Generalitat catalana anunció su intención de atender al menos a 31.
El decreto cuenta con una fuerte oposición judicial: diez comunidades presididas por el PP y Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, han recurrido la medida en los tribunales.
