Canarias ha vuelto a denunciar un nuevo incumplimiento del Estado en el proceso de derivación de menores migrantes no acompañados con protección internacional. Tras la reunión del comité interadministrativo celebrada este mediodía, el Gobierno autonómico comunicó que no asumirá responsabilidades ante el Tribunal Supremo por las dilaciones en los traslados, ya que considera que es el Ejecutivo central quien está incumpliendo el mandato judicial.
El encuentro, celebrado a las 12:00 horas (hora canaria), terminó sin avances significativos: no se fijó calendario, ni protocolo, ni número concreto de plazas disponibles. Solo se ratificaron las dos salidas ya acordadas en la reunión de urgencia del pasado jueves, pero con un número de derivaciones menor al comprometido.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explicó que “saldrán nueve chicas este jueves y siete chicos el próximo domingo, con lo que, en total, al finalizar la semana, habrá 31 menores en la Península”. Sin embargo, recordó que el acuerdo del 5 de agosto establecía que deberían haber salido cerca de 60 menores. Además, adelantó que, a partir de la próxima semana y hasta mediados de septiembre, solo serán trasladados veinte menores por semana, muy por debajo de lo comprometido.
La directora general de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, advirtió sobre el efecto que estas demoras tienen en los propios jóvenes: “La dilación en los procesos de derivación para que los menores puedan cumplir con su proyecto migratorio está provocando desconfianza e incertidumbre, por lo que los menores cambian de opinión y dejan de autorizar la salida a la Península”, señaló. Rodríguez también alertó de que ya hay chicos que llevan un mes en el centro Canarias 50, cuando estaba previsto que este espacio funcionara únicamente como centro de tránsito con estancias máximas de 15 días.
El Gobierno canario insiste en que la situación es insostenible, ya que se incumple el mandato del Supremo que obliga a agilizar las derivaciones para reducir el hacinamiento en los centros del Archipiélago. Tanto el Estado como Canarias deben remitir periódicamente al alto tribunal informes sobre el grado de cumplimiento del auto, aunque el Ejecutivo regional recalca que no será quien asuma la responsabilidad por las demoras.
