La seguridad aérea en Canarias se ha convertido en motivo de seria preocupación tras el reconocimiento judicial de inviabilidad económica por parte de SAERCO, la empresa privada que gestiona varias torres de control en el archipiélago. La declaración de la compañía, que admite no poder cumplir con las condiciones laborales y normativas exigidas sin caer en la quiebra, reabre el debate sobre la liberalización del control aéreo y sus consecuencias directas en territorios dependientes de la conectividad como las islas.
En este contexto, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, se reunió recientemente con representantes de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), entre ellos la secretaria institucional, María José Valdés, y la presidenta nacional del sindicato, Lola Moreno. Durante el encuentro, se puso sobre la mesa la gravedad de la situación que atraviesa el servicio en el Aeropuerto de Fuerteventura.
Los representantes sindicales alertaron de deficiencias graves: turnos y servicios de guardia sin cubrir, movilización de personal sin habilitación adecuada y prácticas de precarización laboral que afectan directamente a la seguridad de las operaciones.
Ante este escenario, tanto el Cabildo como USCA reclaman al Ministerio de Transportes una medida urgente: la suspensión cautelar de la acreditación de SAERCO y su sustitución por ENAIRE, el proveedor público, como única vía para garantizar la seguridad, la continuidad y la sostenibilidad del servicio.
La presidenta insular subrayó la preocupación de la Corporación. “Desde el Cabildo seguimos con preocupación una situación que afecta a nuestra economía y forma de vida, que dependen del correcto funcionamiento del aeropuerto. Así lo trasladamos el pasado 29 de julio al ministro, pidiéndole, además, que supervise el funcionamiento del servicio”.
Asimismo, García anunció que Fuerteventura trabaja junto a los cabildos de Lanzarote y La Palma —cuyas torres de control también dependen de SAERCO— para llevar esta reclamación a la Federación Canaria de Islas (FECAI). “Queremos que todas las islas vayamos unidas frente a una problemática que afecta a la conectividad del Archipiélago y que pone en riesgo la continuidad del servicio en Fuerteventura, La Palma y Lanzarote”, recalcó.
La cuestión de fondo persiste: en una empresa cuyo cometido es garantizar la seguridad aérea, ¿de dónde se recorta cuando no puede cumplir con sus obligaciones económicas? El futuro del servicio está en manos del Ministerio de Transportes, que deberá decidir si revoca la adjudicación a SAERCO y asume provisionalmente la gestión pública de un servicio básico y estratégico para Canarias.
