Canarias registra dos mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2025, según el balance provisional actualizado a 6 de agosto por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ese recuento sitúa al archipiélago en el 8,3% de los 24 casos confirmados en el país hasta esa fecha.
El documento, que consolida la serie histórica desde 2003, eleva a 1.318 el total de víctimas mortales por violencia de género en España. La última incorporación al registro corresponde al presunto asesinato de una mujer de 34 años en Badajoz, con cuatro hijas menores y denuncias previas contra el sospechoso, un caso que disparó además la cifra de huérfanas y huérfanos a 16 en lo que va de año.
En el reparto autonómico de 2025, Andalucía encabeza la estadística con seis casos (25%), seguida de Asturias con tres (12,5%). Con dos víctimas, además de Canarias, figuran Cataluña, Extremadura y Galicia (8,3% cada una). Varias autonomías —como Aragón, Cantabria, Murcia y País Vasco— no registran casos a la fecha de corte del informe.
Aunque la ficha nacional ofrece un panorama detallado del perfil de las víctimas y de los presuntos agresores, esos indicadores se presentan de forma agregada para toda España: el 70,8% de los asesinatos se produjo en el marco de una relación de pareja (frente al 29,2% en ruptura o exparejas) y en el 95,8% de los casos existía convivencia; por edades, el grupo 41–50 años concentra el mayor peso entre víctimas y agresores. Estos datos aportan contexto, pero no están desglosados por comunidad, por lo que no permiten inferir la misma distribución para Canarias.
El apartado de tutela institucional muestra otra alerta: solo 4 de las 24 víctimas en España tenían denuncias previas (16,7%) y apenas una contaba con medida de alejamiento vigente, que además fue quebrantada. El informe refleja, asimismo, que dos de los presuntos agresores se suicidaron tras el crimen y cuatro realizaron tentativa no consumada, mientras que en 18 casos no se registró tentativa.
A escala canaria, el dato de dos víctimas en 2025 obliga a reforzar la vigilancia y la prevención en los momentos que el informe identifica como de mayor riesgo —convivencia y procesos de ruptura—, así como a redoblar los mecanismos de detección temprana: la brecha entre la violencia padecida y su constancia institucional sigue siendo amplia en el plano estatal, y la protección efectiva (solicitud, adopción y cumplimiento de medidas) continúa siendo el gran cuello de botella.
En términos de cobertura y seguimiento, la estadística autonómica permite dimensionar la incidencia relativa del archipiélago dentro de la fotografía nacional, pero deja pendientes dos claves para afinar la respuesta pública: tiempos de adopción de medidas cautelares y control efectivo del cumplimiento cuando ya están acordadas, junto con la atención integral a la infancia afectada por estos crímenes.
