La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha solicitado formalmente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que suspenda de forma cautelar la certificación de SAERCO como proveedor de servicios de tránsito aéreo y encomiende de forma transitoria la gestión de las torres a ENAIRE, empresa pública encargada del 80 % del espacio aéreo español. La petición se produce tras conocerse que la empresa —responsable del control aéreo en aeropuertos como Fuerteventura, Lanzarote o La Palma— ha admitido en sede judicial que no puede cumplir con sus obligaciones laborales por motivos económicos.
En concreto, según la Sentencia 96/2025 de la Sala Social de la Audiencia Nacional, dictada el 30 de junio, SAERCO reconoció que acatar el Laudo Arbitral obligatorio dictado tras año y medio de conflicto colectivo con sus controladores llevaría a la empresa a la quiebra. El arbitraje había sido acordado por un mediador designado por la propia empresa. Con esta declaración, SAERCO admite de facto su incapacidad financiera para operar bajo las condiciones legales del sector.
“Cuando un proveedor reconoce que no puede asumir los compromisos laborales básicos, está incumpliendo un principio fundamental exigido por la Ley 9/2010: la sostenibilidad económica del servicio”, advierte USCA. El sindicato considera que se ha vulnerado el marco legal que exige que los servicios de tránsito aéreo se presten de forma “segura, eficaz, continuada y económicamente sostenible”.
SAERCO, una empresa creada apenas seis meses antes de la adjudicación de varias torres de control durante la etapa del exministro socialista José Blanco, gestiona actualmente el control aéreo de Sevilla, Jerez, Cuatro Vientos, Vigo, A Coruña, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Su fundador, Ildefonso de Miguel, fue vinculado en el pasado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con la denominada Trama Lezo, relacionada con comisiones ilegales por adjudicaciones públicas.
La situación genera especial preocupación en Canarias, donde la insularidad convierte al transporte aéreo en un servicio esencial, no solo para el turismo, sino también para garantizar derechos básicos como el acceso a la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Desde USCA, como sindicato mayoritario del sector, se insiste en que “la degradación de las condiciones laborales y la fragilidad financiera del proveedor pueden repercutir directamente en la seguridad operacional”. Por ello, hacen un llamamiento al Gobierno para que actúe con celeridad y responsabilidad. “Frente a este escenario de vulnerabilidad laboral y operativa, el Ministerio de Transportes no puede permanecer impasible”, subraya el comunicado.
