A menudo, las grandes tramas de corrupción no se esconden en la sombra, sino que se desarrollan a plena luz, revestidas de aparente legalidad, amparadas por sellos, decretos y memorias técnicas. Esa es una de las conclusiones que se desprenden del extenso informe elaborado por la Fiscalía Provincial de Las Palmas, al que ha tenido acceso este medio, y que ha dado pie a la Operación Odín, un dispositivo que investiga el presunto desvío de fondos públicos a través de 36 contratos menores adjudicados entre 2020 y 2023 en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Lo que destapa esta investigación no es sólo la existencia de presuntas irregularidades administrativas. Lo que está en el centro de la tormenta es un mecanismo sistemático de contratación que, según el fiscal, tenía un objetivo claro: beneficiar económicamente a una red de familiares y personas del entorno más cercano a una responsable política, en este caso, María de la Peña Armas Hernández, entonces concejala de Contratación, Personal y Obras del municipio.
La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional, bajo el impulso de la Fiscalía Anticorrupción, ha reconstruido una cadena de decisiones administrativas que, aparentemente, burlaban los controles legales. La base del caso no es sólo penal: es profundamente institucional. Lo que se cuestiona no es una adjudicación concreta, sino una forma de gobernar, una cultura de la contratación que, durante años, habría desdibujado los límites entre lo público y lo privado, entre lo técnico y lo personal.
Un patrón que se repite: contratos menores, familiares y rapidez sospechosa
En el corazón del caso está la figura del contrato menor, un procedimiento legal pero excepcional que permite adjudicar directamente obras y servicios por debajo de ciertos umbrales económicos. Lo que denuncia la Fiscalía es el uso “fraudulento y abusivo” de esta herramienta, con justificaciones débiles o directamente inexistentes.
El informe señala que 29 de los 36 contratos bajo investigación —más del 84% del total— fueron adjudicados a familiares directos de la concejala o a sus parejas sentimentales, muchas veces a través de sociedades sin experiencia previa o recién creadas. La línea que une estas adjudicaciones no es empresarial ni técnica. Es de sangre.
El empresario Cipriano A. M., primo de la concejala, recibió más de 523.000 euros en adjudicaciones. Su esposa Lorena B. B., su hermano Sergio A. M., su suegro Alberto J. B. R. y su cuñada Dagmara E. W. completan un círculo que, según el fiscal, operaba en red. En algunos casos, el dinero público ingresado en sus cuentas era transferido, el mismo día o días después, a la empresa Codeplag Canarias S.L., administrada en solitario por el propio Cipriano. Otras veces, el dinero simplemente desaparecía en efectivo. Más de 67.000 euros fueron retirados en metálico en operaciones que ahora se investigan por su posible vinculación con otras actividades.
Expedientes calcados y ofertas proféticas
Uno de los aspectos más llamativos que señala el Ministerio Fiscal es la temporalidad sospechosa de las ofertas. Hay casos en que las empresas presentaban sus presupuestos incluso antes de que el expediente estuviera formalmente iniciado. En uno de los contratos, por ejemplo, la oferta de Tuercón Canarias S.L. fue registrada siete horas antes de que se firmara la memoria justificativa que debía iniciar el proceso. Un acto de clarividencia administrativa, o un indicio claro de connivencia previa.
En otros expedientes, el margen para presentar ofertas era inferior a 24 horas, lo que, en la práctica, eliminaba cualquier posibilidad de competencia real. A veces, las tres empresas invitadas a ofertar estaban todas dirigidas por familiares. En otras, las adjudicatarias apenas llevaban días dadas de alta en el epígrafe de actividad correspondiente.
Un ejemplo de manual es el de Dagmara, pareja de Sergio. Se dio de alta como autónoma en el sector de la construcción poco antes de recibir su primer contrato. En apenas seis meses, acumuló más de 93.000 euros en adjudicaciones de obras públicas.
Un circuito bien engrasado: del reparo a la firma
Los expedientes no pasaban desapercibidos internamente. El interventor municipal, Antonio Nuevo, emitió reparo tras reparo advirtiendo de incumplimientos en la Ley de Contratos del Sector Público: ausencia de informes técnicos, falta de pluralidad de ofertas, contratos verbales, duplicidad de objetos…
Sin embargo, la respuesta siempre era la misma: un informe de urgencia firmado por la propia Peña Armas o por el arquitecto técnico municipal, José Luis Espinel, justificando que la contratación debía seguir adelante. Con ese documento, el alcalde podía levantar el reparo y autorizar el gasto.
Este mecanismo, según el fiscal, muestra un patrón claro: la supuesta urgencia se utilizaba como excusa para eludir los controles y beneficiar siempre a los mismos. Una urgencia repetida tantas veces que acabó convertida en rutina.
¿Se hicieron los trabajos?
Más allá de cómo se adjudicaban los contratos, hay dudas aún más graves sobre si todos los trabajos llegaron a ejecutarse realmente. El informe fiscal recoge varios casos en los que se pagó más de una vez por actuaciones similares en los mismos lugares, o incluso obras que nunca se llegaron a hacer.
En Puerto Lajas, por ejemplo, se adjudicaron tres contratos en seis meses para arreglar los mismos caminos. El último fue anulado por informes técnicos que indicaban que el Cabildo ya tenía previsto hacer esas obras. ¿Qué pasó con los contratos anteriores?
También se investiga si hubo duplicidad en la instalación de fibra óptica en El Time, o en la limpieza de solares que en un primer momento fueron contratados a una empresa de inserción social y meses después, nuevamente, a una empresa del entorno familiar.
La Fiscalía: un plan fraudulento y sostenido en el tiempo
El fiscal Javier Rodenas Molina no escatima en calificativos: habla de “actividad delictiva corrupta”, de “plan fraudulento en el seno de la contratación pública” y de un circuito diseñado para enriquecimiento privado con fondos públicos. Pide al juez entradas y registros para obtener dispositivos móviles, correos y mensajería instantánea. Quiere entender cómo funcionaba esa estructura de decisiones, quién redactaba los informes, cómo se seleccionaban los beneficiarios antes incluso de que existiera una necesidad formal.
En paralelo, la Fiscalía ha solicitado investigar la compra de una vivienda por parte de Peña Armas, realizada en junio de 2022. Según la UDEF, existen indicios de que parte de los fondos utilizados para su adquisición podrían tener origen en los contratos investigados. Se está analizando la forma de pago, el origen de los ingresos y su relación con los adjudicatarios.
Según ha podido saber este medio, no consta adjudicación alguna por contrato menor a estas empresas o personas antes del mandato de Peña Armas. Todas las vinculaciones investigadas comienzan en su etapa de gobierno, lo que refuerza la sospecha de una operativa diseñada desde dentro.
Detenciones, defensas y próximos pasos
Durante los registros del pasado 17 de julio, fueron detenidos José Luis Espinel, Peña Armas y Cipriano. Según fuentes judiciales, se trató de detenciones de oficio, para evitar interferencias durante la actuación policial.
Todos ellos recuperaron la libertad tras prestar declaración en sede policial y se espera que sean llamados a declarar ante la jueza en los próximos días, conforme avance la instrucción.
Peña Armas ha designado como letrado defensor al conocido abogado Raúl Miranda, quien ha intervenido en otros casos de gran repercusión en Canarias, como el caso Mediador.
Al día siguiente de las detenciones, todos los investigados se encontraban en sus puestos de trabajo. Desde el Ayuntamiento no se ha recibido aún ninguna notificación formal sobre el procedimiento judicial.
En una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, los concejales Jenifer Pérez (Juventud y Medio Ambiente) y David de León (Servicios Municipales y Patrimonio Histórico) trasladaron un mensaje de respeto a la justicia y tranquilidad institucional.
“No es una situación agradable para ninguno”, reconoció De León.
“Pero nosotros acatamos lo que la justicia realiza. Presunción de inocencia lo primero”, añadió.
Pérez destacó el impacto interno que tuvo la intervención, sobre todo con Espinel: “Fue bastante incómodo para todos. Sobre todo con José Luis, porque trabajamos codo a codo con él”.
Ambos confirmaron que si llegara alguna notificación oficial al Consistorio, “se tomarían las medidas que tengan que tomarse”.
Hasta el momento, el Partido Popular ha sido la única formación política que se ha posicionado públicamente tras la explosión del caso. En su comunicado, instan directamente al actual grupo de gobierno y a su alcalde, David de Vera, a comparecer sin más demora ante la ciudadanía, al considerar que el silencio institucional puede agravar la desconfianza social generada por la investigación. Los populares advierten que la transparencia debe ser activa y no reactiva, y que no basta con esperar al avance del proceso judicial para ofrecer explicaciones: “La gravedad de los hechos y el impacto institucional que han tenido exigen una respuesta inmediata del gobierno municipal”, sostienen.
Una sombra larga sobre la política local
La Operación Odín ha dejado una huella profunda en la confianza institucional de Fuerteventura. No se trata sólo de contratos, sino de algo más: de cómo se gestiona lo público, de a quién se beneficia y a quién se ignora, de qué pasa cuando los controles existen pero no se respetan.
Si todo se confirma, no será sólo un caso judicial. Será una lección dolorosa sobre cómo el poder, cuando no se vigila, puede quedarse en familia.
