Canarias vuelve a encabezar las cifras de muertes por ahogamiento en el Estado. Solo en los primeros seis meses del año, han perdido la vida al menos 27 personas en espacios acuáticos del archipiélago, incluidos menores de edad. Y, sin embargo, el personal que vigila y actúa en nuestras playas sigue trabajando en condiciones precarias, invisibilizado por los mismos que llaman a la responsabilidad ciudadana.
Hoy, en el Día Mundial de la Prevención de los Ahogamientos, la playa de Los Pozos en Puerto del Rosario acogió un acto simbólico con charlas, simulacro de rescate y homenaje a las víctimas. Una jornada para concienciar a la ciudadanía pero también, esta vez, para exigir algo más que aplausos.
“Hay que respetar las banderas, preguntar al llegar a una playa y atender nuestras indicaciones”, recordaba el socorrista Jonathan González durante la actividad. Pero también lanzaba una reflexión: “No estamos mejorando. Este año llevamos 27 fallecidos. No hay una mejora real en la prevención”.
Esa prevención, precisamente, depende de un servicio de socorrismo que no puede garantizarse sin condiciones dignas. Desde La Oliva, Rubén Sanblas fue contundente: “Estamos bajo un convenio que no nos representa en absoluto. No somos monitores de gimnasio. Hacemos rescates en condiciones extremas y salvamos vidas”. La solución inmediata que plantean pasa por mejorar los pliegos municipales para reconocer la cualificación y riesgo de la profesión.
Jonathan Duarte, también socorrista, recordó que el sector está perdiendo personal cualificado por falta de incentivos: “Hoy somos agentes de seguridad. Cuidamos a cientos de personas al día y no se valora. Nos vamos a otros sectores porque cualquier trabajo paga más que esto”. A su juicio, la falta de compromiso institucional pone en peligro tanto a bañistas como al propio servicio público de socorrismo.
La concejala de Playas de Puerto del Rosario, Toñi Fernández, recogió el guante. Reconoció que “los salarios no están compensados con el riesgo que afrontan los socorristas” y aseguró que se trabaja para mejorar las condiciones y ampliar la cobertura del servicio. Playa Blanca pasará a contar con vigilancia todo el año, y Los Molinos durante diez meses.
Pero más allá de las buenas intenciones, el mensaje del colectivo es claro: sin inversión, sin reconocimiento y sin voluntad política real, la prevención se queda en discurso. “Somos prevención. Pero también somos personas. Y estamos desprotegidos”, sentenció uno de los socorristas al cierre del acto.
En unas islas, rodeados de mar, la seguridad acuática no puede depender de la buena voluntad. Requiere compromiso, formación y condiciones dignas para quienes, día a día, se juegan la vida para salvar otras. Porque prevenir ahogamientos no es solo concienciar: es garantizar que los que vigilan el mar no lo hagan desde la precariedad.
