La intervención de agentes de la UDEF en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario el pasado jueves alteró de forma notable el trabajo diario del personal municipal. Los agentes de la unidad contra la delincuencia económica registraron las dependencias del Consistorio buscando información relativa a los 36 expedientes que conforman la base de la operación, denominada Odín, y que superan el millón de euros.
Durante los registros, fueron detenidos el arquitecto técnico municipal, José Luis Espinel; la exedil de Contratación y actual concejala en la oposición, Peña Armas; y el empresario Cipriano A.. Detenciones “de oficio” para evitar interferencias durante la intervención, según fuentes judiciales.
Pocas horas después, los tres quedaron en libertad, a la espera de citación judicial. Además, hay otras cinco personas investigadas por irregularidades en contratos que se extienden hasta el municipio de Antigua. Entre los señalados, figuran el actual concejal Jonathan P. y el exedil Juan P. G. L..
Sin estar investigada, de forma voluntaria «pero a instancias de la UDEF», según precisa, prestó declaración la consejera insular Sonia Álamo, compañera de Peña en Ciudadanos en el período que se está investigando, entre los años 2021 y 2023. Posteriormente, promovió la creación del partido Fuerteventura Avanza que en la actualidad dirige Peña Armas y logró acceder al acta en el Cabildo insular gracias a una alianza con Nueva Canarias, de la que actualmente es portavoz, aunque sin pertenecer a la formación.
Respeto a la justicia y serenidad institucional
Desde el grupo de gobierno, los concejales Jenifer Pérez y David de León han trasladado un mensaje de tranquilidad y respeto a la justicia. En una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, ambos ediles reconocieron la dureza del momento. “No es una situación agradable para ninguno”, expresó De León, concejal de Servicios Municipales y Patrimonio Histórico. “Pero nosotros acatamos lo que la justicia realiza. Presunción de inocencia lo primero”, recalcó.
Por su parte, Jennifer Pérez, concejala de Juventud y Medio Ambiente, describió el impacto que supuso la actuación policial en el ambiente interno. “Fue bastante incómodo para todos. Sobre todo con José Luis, porque trabajamos codo a codo con él”, reconoció.
Ambos confirmaron que el Ayuntamiento no ha recibido hasta el momento ninguna notificación formal sobre el procedimiento judicial. “Si llegara algún tipo de documento, se tomarían las medidas que tengan que tomarse”, añadió De León.
Insistieron, además, en que su objetivo sigue siendo trabajar por el municipio. “Llevamos poco tiempo en política. Esto no le gusta a nadie, pero si se ha hecho, será porque era necesario”, reflexionó De León, en alusión a la auditoría externa impulsada por el actual grupo de gobierno tras asumir sus funciones.
A la espera de avances judiciales, “seguimos trabajando, que es para lo que hemos venido”, concluyó Pérez.
