El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, defendió este martes la tramitación de la nueva ley de alquiler vacacional, asegurando que permitirá liberar camas turísticas para destinarlas a uso residencial, en el marco de las medidas del Ejecutivo para combatir la crisis habitacional en el archipiélago.
Durante una pregunta parlamentaria del diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Luis Campos, Clavijo confirmó que su gobierno está “en la tarea” de sacar adelante esta normativa, cuya tramitación ha sufrido ya siete prórrogas en la fase de presentación de enmiendas por parte del PSOE, Vox y Nueva Canarias.
El presidente subrayó que en 2024 el Gobierno de Canarias ha construido 4.088 viviendas y ha terminado 2.889, cifras que no se alcanzaban desde 2009. “Esas son las medidas que ha puesto en marcha este gobierno, precisamente para corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda”, afirmó. Y sentenció: “La realidad es que ahora se están construyendo en Canarias más vivienda pública y más vivienda privada que desde el año 2009, y eso es consecuencia de la política de este Gobierno de Canarias”.
Por su parte, Luis Campos denunció que el problema de la vivienda en las islas se ha agravado, a pesar de las afirmaciones del Ejecutivo. Recordó que fue el anterior gobierno, presidido por el PSOE, quien aprobó el primer Plan Canario de Vivienda con una ficha financiera de 600 millones de euros, tras “diez años de inacción de gobiernos de Coalición Canaria”.
El diputado canarista destacó que el precio del alquiler ha subido un 10 % en el último año, mientras que el de la vivienda nueva y usada se ha incrementado en un 15,5 %. Según sus datos, la demanda supera ampliamente la oferta: hasta 128 personas compiten por cada vivienda que se pone en alquiler.
Campos también llamó la atención sobre las 211.000 viviendas vacías que hay en el archipiélago, asegurando que ninguna de ellas se está destinando a paliar la crisis habitacional que afecta a miles de familias en Canarias.
El debate refleja la creciente preocupación social e institucional ante el acceso a la vivienda, un problema que se ha convertido en uno de los principales retos del Ejecutivo autonómico y que está en el centro de la agenda política insular.
