Fuerteventura registra actualmente 40 puntos de vertido de tierra a mar, según los últimos datos actualizados por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Estos puntos forman parte de un total de 403 emisarios en todo el archipiélago, de los cuales 361 están activos y 216 no cuentan con autorización en vigor.
Durante una rueda de prensa celebrada este lunes, el consejero Mariano Hernández Zapata señaló que, además de los vertidos no autorizados, 112 emisarios sí disponen de autorización administrativa y 75 se encuentran en trámite para regularizar su situación, un proceso que puede prolongarse entre seis y ocho meses. Con estos datos, el Gobierno regional calcula que más del 55 % de los vertidos están permitidos o en vías de estarlo.
El consejero remarcó que el 64 % de estos puntos son de titularidad pública, vinculados a aguas residuales urbanas gestionadas principalmente por ayuntamientos y cabildos. También subrayó que su departamento no tiene competencias para depurar ni ejecutar obras de saneamiento, limitándose a autorizar los vertidos.
Aunque desde 2021 se han cerrado 31 puntos de vertido en Canarias, el director general de Lucha contra el Cambio Climático, Ángel Montañés, aclaró que cerrado no implica necesariamente inactivo, ya que pueden seguir vertiendo en determinadas condiciones.
En el caso de Fuerteventura, los 40 puntos registrados representan el 9,93 % del total canario. En el conjunto del archipiélago, los mayores focos se encuentran en Tenerife, con 180 puntos, y Gran Canaria, con 115, concentrando entre ambas el 81,7 % del total de emisarios. Otras islas como Lanzarote (36), La Palma (18), La Gomera (10) y El Hierro (5) completan el reparto.
El Gobierno de Canarias ha anunciado que hará un seguimiento intensivo a 20 emisarios con mayor impacto ambiental, especialmente en zonas como el Teatro Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria) y Cabo Llanos (Santa Cruz de Tenerife), aunque no se han detallado cuáles podrían estar bajo especial vigilancia en Fuerteventura.
De cara al futuro, el Ejecutivo regional se ha propuesto que, antes de 2027, el 85 % de los vertidos no autorizados se encuentren al menos en trámite, y que el 60 % obtengan autorización definitiva. Para lograrlo, se está trabajando en un nuevo decreto sobre vertidos y en una hoja de ruta específica, con reuniones programadas con cabildos, ayuntamientos y otros entes públicos.
Además, los ciudadanos ya pueden consultar el estado de los vertidos en un visor interactivo de Grafcan, que detalla su localización, titularidad y situación administrativa.
Por último, Hernández Zapata quiso recordar que la responsabilidad del control de calidad del agua en las playas, sus análisis y posibles cierres sanitarios recae sobre la Dirección General de Salud Pública, mientras que las sanciones por vertidos ilegales corresponden a la Agencia Canaria de Protección del Medioambiente.
Contaminación por aguas fecales en Fuerteventura: Un problema persistente
