Los tres detenidos en el marco de la Operación Odín —la exconcejala Peña Armas, el arquitecto técnico municipal José Luis Espinel y Cipriano A., empresario y familiar directo de la exedil— han quedado en libertad después de las diligencias practicadas por la Policía Nacional en el marco de la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario.
La investigación se centra en la supuesta adjudicación irregular de 36 contratos menores entre los años 2021 y 2023, por un valor total que supera el millón de euros.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en una nota de prensa, la investigación está tutelada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario, pero las detenciones fueron practicadas de oficio por la Policía, con el único objetivo de impedir posibles interferencias en las entradas y registros que se llevaron a cabo de forma simultánea. «Finalizadas esas diligencias, estas personas fueron puestas en libertad, y la autoridad judicial acordará en su día su citación en sede judicial», señala el comunicado del TSJC. Además, se ha confirmado que el secreto de sumario fue levantado el jueves por la tarde.
Registros simultáneos
A petición del fiscal delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la provincia de Las Palmas, y en el marco de las diligencias previas 563/2024, la magistrada del Juzgado de Instrucción ordenó la entrada y registro en los domicilios de los investigados de forma simultánea, precisamente para evitar interferencias.
Investigación abierta y posibles nuevas imputaciones
La Operación Odín continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o citaciones judiciales en los próximos días. Según fuentes conocedoras del caso, una de las líneas de investigación se centra en un posible enriquecimiento personal y en la financiación de una campaña electoral vinculada a una de las personas investigadas.
Tanto Peña Armas, actual líder de Fuerteventura Avanza, como José Luis Espinel y Cipriano A., junto con otras seis personas, quedaron bajo investigación tras los registros practicados este jueves en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y otras localizaciones de la isla. La documentación requisada será clave para esclarecer el alcance de la presunta trama.
