El PSOE de Fuerteventura ha denunciado este miércoles que el Gobierno de Canarias ha dejado perder 1.227.000 euros en partidas presupuestadas para el futuro Centro de Atención Especializada (CAE) de La Lajita sin ejecutar ninguna acción concreta. La cifra corresponde a los ejercicios de 2023 (150.000 euros), 2024 (590.000 euros) y la previsión para 2025 (487.000 euros), que tampoco se ejecutará según reconoció la propia consejera de Sanidad, Esther Monzón, en la Comisión de Sanidad del Parlamento autonómico.
El diputado socialista Manuel Hernández fue quien forzó el reconocimiento de esta situación durante su intervención parlamentaria. Asegura que el Gobierno regional ha creado un “espejismo presupuestario” en la sanidad majorera. “La Consejería de Sanidad invierte al revés en Fuerteventura y el presidente Clavijo es parte activa de nuestra descapitalización sanitaria porque se desentiende de su consejera”, declaró.
Según lo expuesto en la Comisión, la Consejería de Sanidad ha reconocido que, en el mejor de los casos, la licitación de la redacción del proyecto técnico del CAE La Lajita no llegará antes de 2026, y la ejecución de las obras no se iniciaría antes de 2027. De cumplirse este calendario, el centro no estaría en funcionamiento antes de 2029 o incluso 2030. “Un horizonte demasiado lejano porque la Consejería de Sanidad ya ha perdido dos años y perderá el tercero sin mover ni papeles ni piedras”, criticó Hernández.
El contraste, según el PSOE, lo marca la actuación del Ayuntamiento de Pájara, que ya cumplió con su parte cediendo el suelo para la construcción del centro, a pesar de sus limitaciones técnicas como administración local. Mientras tanto, el Gobierno autonómico ni siquiera ha aprobado de forma definitiva el Plan Funcional, el documento que establece los servicios, recursos y personal que tendría el CAE La Lajita.
Este centro está destinado a prestar atención especializada a la población del sur de la isla, especialmente en las Zonas Básicas de Salud de Península de Jandía y Tuineje-Pájara, que suman más de 37.000 personas, sin contar la alta población flotante que reside temporalmente en la zona. Su puesta en marcha evitaría el traslado de muchos pacientes al Hospital General, mejorando su calidad de vida y reduciendo la presión sobre el sistema sanitario insular.
Desde el PSOE, se insiste en que este retraso acumulado es una muestra más del incumplimiento sistemático del Gobierno de Canarias con Fuerteventura y un nuevo ejemplo de una gestión que “pinta números sin materializar infraestructuras que los majoreros necesitan”.
