Las diputadas de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Esther González y Natalia Santana, presentaron este martes un total de 34 enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, con el objetivo de corregir un texto que, según denunciaron, “ni resuelve el acceso a la vivienda ni respeta la realidad social y jurídica de miles de familias canarias”.
Durante una rueda de prensa, las parlamentarias canaristas denunciaron que la propuesta legislativa del Gobierno de Canarias, que cuenta con el respaldo de CC y PP, ha provocado un efecto contrario al deseado, al no establecer una moratoria previa a nuevas autorizaciones, lo que ha derivado en un incremento descontrolado de solicitudes para alquiler vacacional.
“Desde NC-BC decimos alto y claro que regular la vivienda vacacional, sí, pero no de esta manera”, subrayaron. Según Esther González, la ley “ha errado el tiro, no tiene consenso, criminaliza a miles de familias, ignora la diversidad de Canarias y concentra el poder turístico en los de siempre”, en referencia a los grandes operadores hoteleros.
Entre las enmiendas presentadas, destaca el reconocimiento del derecho a residir habitualmente en viviendas ubicadas en suelo turístico, el establecimiento de un régimen específico para primeras y segundas residencias en suelos mixtos —muy habituales en el sur de las islas— y la diferenciación clara entre grandes y pequeños tenedores.
Las propuestas también incluyen la limitación objetiva del alquiler vacacional en zonas tensionadas, y la prohibición de transformar bloques enteros, en manos de un solo propietario, en viviendas vacacionales. Además, se rechaza frontalmente la prohibición de usar edificaciones «fuera de ordenación» como vacacionales, alegando que esta categoría “no es sinónimo de ilegalidad”.
González subrayó que “otra ley es posible”, una que respete a quienes residen o heredan propiedades en municipios turísticos, distribuya de forma más justa la riqueza generada por el sector y ataque las verdaderas causas de la tensión habitacional: “la especulación y la falta de una política real de vivienda pública o a precios asequibles”.
También recordó que recientes sentencias judiciales avalan el derecho de residencia y de alquiler vacacional en suelos mixtos, reafirmando la legalidad de muchos de estos usos: “Ni es ilegal residir en estas viviendas, ni lo es alquilarlas de forma vacacional”, afirmó la diputada.
Para NC-BC, el proyecto actual “nace muerto”, al repetir errores del pasado y perpetuar un modelo económico excluyente que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría.
