El concejal del grupo mixto en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Miguel Felipe Rastrero, ha lanzado duras críticas a la gestión municipal realizada hace dos décadas, cuando se ejecutó la expropiación de unos terrenos en El Matorral. La operación, llevada a cabo en 2004 bajo el mandato de Manuel Travieso Darias, ha derivado en una sentencia que obliga al Consistorio a abonar más de cuatro millones de euros, cantidad a la que se suman los intereses.
“Estamos pagando ahora más de ocho millones de euros; no lo ha heredado solo el alcalde, David de Vera, lo han heredado los vecinos de Puerto del Rosario, que con sus impuestos tienen que pagar ocho millones y medio de euros”, recalcó Rastrero.
En su opinión, deberían emprenderse acciones civiles contra quienes aprobaron aquella expropiación, al considerar que “se pueden pedir acciones civiles por prevaricación, si votaron a sabiendas de que era ilegal”. Añadió que “en este país hay políticos que toman decisiones muy arbitrarias y luego no ocurre absolutamente nada”, lamentando la falta de consecuencias.
El edil también advirtió de que esta indemnización supone el 18% del presupuesto municipal, lo que impide aplicar medidas como la bajada de impuestos, una propuesta reiterada por el Grupo Mixto y el Partido Popular. “Con ese dinero podríamos haber bajado los impuestos, pero no ha sido posible”, subrayó.
Falta de rigor en el catálogo de patrimonio
Rastrero criticó además el proceso de elaboración del catálogo municipal de patrimonio. Según explicó, el expediente aprobado inicialmente carecía de los informes técnicos necesarios y fue entregado a la oposición con apenas cuatro días para su análisis.
“Nos acusan de estar en contra del patrimonio, y no es verdad. Todos queremos protegerlo, pero con garantías y participación”, afirmó.
Aseguró que un técnico llegó a advertir que no podía pronunciarse técnicamente sobre el catálogo por falta de información esencial. Para el edil, el procedimiento estuvo plagado de irregularidades, urgencias y falta de transparencia, lo que motivó su rechazo al documento.
“No queremos volver a tener enormes procesos judiciales que dentro de 15 años pague la ciudadanía”, advirtió.
“Parece que un acta de un cargo público es como votar en el colegio, pero esto es muy serio”, recalcó.
Tendió, no obstante, la mano al grupo de gobierno para negociar soluciones consensuadas que permitan proteger el patrimonio, y especialmente la cornisa costera, sin lesionar los derechos de los propietarios.
“Hay que ver a qué solución se llega y cómo se gestiona para proteger el patrimonio sin cercenar sus derechos a los propietarios”, dijo, proponiendo como vía las permutas acordadas con los titulares de inmuebles afectados y el consenso con las fuerzas políticas.
Debate sobre el estado del municipio
Otro de los asuntos abordados fue la propuesta de Rastrero para celebrar un debate anual sobre el estado del municipio, moción que fue rechazada por el grupo de gobierno en el último pleno. Aunque en un principio el alcalde, David de Vera, se mostró receptivo, “me sorprendió la reacción del grupo de gobierno, incluso con cierta agresividad”, lamentó el concejal.
Rastrero afirmó que podría convocar un pleno extraordinario al amparo del artículo 46.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el apoyo de al menos el 25% de los concejales.
“Con el 25% de las firmas, el alcalde tiene 15 días hábiles para convocarlo, y si no lo hace, se convoca de facto para dentro de diez días”, explicó.
Aun así, apostó por el consenso y propuso noviembre como fecha adecuada para la celebración del debate.
“Yo quiero una oposición constructiva”, reiteró, defendiendo que este tipo de sesiones plenarias también sirven para dar voz a las asociaciones ciudadanas.
“En el Parlamento de Canarias lo llaman la fiesta de la democracia, pero aquí se ve como una agresión al grupo de gobierno”, ironizó.
Fractura en el grupo de gobierno
Finalmente, el edil del grupo mixto, afiliado al Partido Popular, denunció la fractura existente entre los socios de gobierno: Asamblea Majorera–Coalición Canaria y el Partido Socialista.
“Están bastante desunidos. Yo creo que tanto uno como otro permanece en el gobierno por imposiciones de las ejecutivas insulares”, concluyó.
