Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha mostrado su rechazo frontal a la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) aprobada ayer en el Congreso, que permitirá materializar la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) en la compra, rehabilitación y construcción de vivienda libre destinada a alquiler durante un mínimo de cinco años. Para la diputada canarista Carmen Hernández, la medida beneficia más a los inversores que a la población que realmente necesita un alquiler asequible.
La portavoz de NC-BC advirtió que la nueva regulación, respaldada por el PSOE, Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), facilita el uso de más de 2.000 millones de euros sin exigir que esas viviendas se integren en programas de vivienda pública ni en registros de demandantes, salvo en los casos de vivienda protegida ya previstos antes de la reforma.
“Es la consagración de la apuesta por la especulación de las dos derechas canarias”, sentenció Hernández, quien recalcó que NC-BC no se opone a utilizar la RIC en vivienda siempre que sea protegida, tal y como se permitía antes de la modificación. Lo que considera “una aberración” es destinar estos fondos a inmuebles de mercado libre, sin límites claros sobre los precios del alquiler.
Hernández subrayó que el texto aprobado carece de definición concreta sobre qué se entiende por “arrendamiento asequible”, lo que abre la puerta a que los fondos se utilicen para viviendas de precio medio o alto sin aliviar la presión sobre la demanda real de familias vulnerables, jóvenes y trabajadores con rentas bajas y medias.
Otro punto de preocupación para NC-BC es que la obligación de destinar estos inmuebles al alquiler tiene una duración mínima de solo cinco años, tras los cuales los propietarios podrán venderlos con plusvalías acumuladas, consolidando así beneficios especulativos a costa del déficit estructural de vivienda.
La diputada también reprochó que el Ejecutivo autonómico haya rechazado otras medidas clave, como declarar zonas de mercado tensionado para limitar precios, establecer garantías jurídicas para impulsar el alquiler justo de viviendas vacías o promover reformas legales para reconocer el derecho subjetivo a la vivienda y hacer exigible su incumplimiento ante la justicia.
Hernández recordó que Canarias lidera la escalada de precios de la vivienda a nivel estatal, es la segunda comunidad con salarios más bajos y sufre una de las cestas de la compra más caras de España. En este contexto, sostuvo, el Gobierno de CC y PP refuerza una política que prioriza intereses especulativos frente a la función social de la vivienda.
