El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles de forma definitiva la reforma de la Ley 19/1994 del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, que permitirá movilizar hasta 2.500 millones de euros de inversión privada hacia la construcción, rehabilitación y compra de viviendas destinadas al alquiler residencial.
Se trata de una medida que, aunque no resolverá por sí sola la crisis habitacional del Archipiélago, representa un importante punto de inflexión para aumentar la oferta de vivienda y contener el alza de los precios. La proposición fue aprobada con un amplio respaldo parlamentario, sumando 299 votos a favor, con el apoyo de PP, PSOE y Coalición Canaria, y tras haber pasado previamente por el Senado.
Impulsada por el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, y el comisionado del REF, José Ramón Barrera, la reforma permite aplicar las deducciones fiscales de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) —de hasta un 90% en el Impuesto de Sociedades y del 80% en el IRPF— a inversiones en viviendas destinadas al alquiler habitual, nunca vacacional o turístico.
Las condiciones establecidas buscan garantizar que las inversiones tengan un verdadero impacto social, como la exigencia de que el inmueble no haya estado alquilado en los 12 meses previos, se ponga en el mercado en un plazo máximo de seis meses desde su adquisición o finalización de obra, y se mantenga en alquiler durante al menos cinco años. Además, no podrá existir vínculo familiar ni societario entre arrendador e inquilino.
El comisionado del REF, José Ramón Barrera, ha destacado que esta modificación «no va a solucionar por sí sola el problema de la vivienda, pero marcará un antes y un después al dar al REF una finalidad más social”, al tiempo que recordó que “dar respuesta a la crisis de la vivienda en Canarias es una prioridad ineludible”.
Como novedad adicional, se permitirá también que los contratos incluyan opción de compra tras un mínimo de cinco años de arrendamiento, lo que podría facilitar el acceso a la propiedad a familias que actualmente no pueden adquirir una vivienda.
Esta medida revierte la eliminación de este incentivo fiscal aplicada en 2006, cuando se suprimió bajo el argumento —que ahora se considera erróneo— de que la deducción contribuía a inflar los precios del alquiler. “Obviaron que los precios estaban subiendo en toda España, incluso en zonas donde no existía incentivo alguno”, recuerda Barrera.
La reforma llega en un momento crítico, con una oferta de vivienda claramente insuficiente y unos precios que siguen creciendo muy por encima de los salarios en las islas. Según los impulsores de la medida, reactivar la RIC para fines habitacionales supone una herramienta útil y realista para incentivar la inversión privada con un claro beneficio social.
