El Gobierno de Canarias aprobó este miércoles una inversión plurianual de 1.132,4 millones de euros para financiar los convenios de atención a la dependencia durante el periodo 2025-2028, una cifra a la que se sumarán 469,6 millones aportados por los cabildos insulares. En total, el sistema de atención a la dependencia y la discapacidad en Canarias recibirá 1.602 millones de euros en los próximos cuatro años, en lo que el Ejecutivo califica como un paso decisivo para reforzar un servicio esencial en las islas.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, expresó en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que este acuerdo supone “cumplir uno de los compromisos que el presidente, Fernando Clavijo, fijó al inicio de la legislatura: atender a las personas y ponerlas en el centro”. Subrayó que se trata de “una deuda histórica” con el sistema y con el tercer sector, al que ahora se le garantiza estabilidad, reglas claras y una financiación sólida para la red de atención de todas las islas.
Delgado destacó que el nuevo marco financiero asegura la continuidad de los servicios con precios actualizados y con carácter retroactivo desde enero de este año. “El nuevo convenio de dependencia refuerza la igualdad territorial con criterios comunes de acceso a las listas de reserva y la acreditación obligatoria de las entidades del tercer sector, garantizando la misma calidad de atención en todas las islas”, afirmó. En su opinión, “estamos, sin duda, en un día histórico porque cumplimos los planteamientos trazados en materia de igualdad territorial, consolidando un sistema sociosanitario más justo, estable y sostenible”.
Uno de los principales cambios es la reorganización de los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma. Entre ellos, el servicio de teleasistencia —ya contratado por el Ejecutivo regional— queda fuera de los convenios insulares. Además, la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife pasa a ser gestionada por el Gobierno de Canarias, con el objetivo de garantizar criterios homogéneos y cobertura completa en todos los territorios.
Actualización de precios y nuevo protocolo sociosanitario
El acuerdo incorpora una revisión de los precios a coste real, basada en informes insulares y en un estudio independiente que fija la actualización de los servicios. Asimismo, se incluye un nuevo protocolo sociosanitario que regula las altas hospitalarias y las urgencias sociales, con el fin de mejorar la coordinación con el sistema sanitario y evitar pérdidas de financiación estatal.
En cuanto al presupuesto de la Consejería de Bienestar Social para 2026, Delgado señaló que ascenderá a 837,7 millones de euros —un 8,2 % más—, pudiendo superar los 1.037 millones con la incorporación de fondos externos. La dependencia será el área que más aumente, con una financiación de 387,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 30,4 %. Este impulso permitirá ampliar la intensidad de los cuidados, reforzar la atención a personas dependientes y mejorar de forma significativa los servicios ofrecidos.
El Gobierno de Canarias ha aprobado una inversión de 1.132,4 millones de euros para financiar la atención a la dependencia entre 2025 y 2028. Esta cifra se suma a los 469,6 millones que aportarán los cabildos insulares, lo que supone que el sistema de atención a la dependencia y la discapacidad en Canarias recibirá un total de 1.602 millones de euros en los próximos cuatro años. Este acuerdo es considerado un paso decisivo para reforzar este servicio esencial en las islas y garantizar la igualdad territorial.